La Corte Constitucional tumbó el decreto de emergencia económica, social y ambiental que estableció el Gobierno de Gustavo Petro en La Guajira, el cual, entre otras cosas, hacía que los estratos cuatro, cinco y seis, así como el comercio y la industria pagara $1.000 y $5.000 de más, respectivamente, en los recibos de luz para contrarrestar la situación en el departamento.
Esto, de acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) se veía venir, pese a que los hechos ocurridos en ese departamento eran y siguen siendo de suma importancia y urgencia.
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El gremio dejó claro que correspondía al alto tribunal determinar si eran hechos sobrevinientes, que le dieran validez legal a una declaratoria de emergencia o si, por el contrario, se podrían atender con facultades ordinarias con el presupuesto vigente de la Nación; como finalmente lo confirmó la Corte.
El día que se dio a conocer le decreto (julio del 2023), el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, aseguró que claramente el gremio acompañaba la necesidad de que el Gobierno nacional atendiera de forma eficiente, rápida y definitiva la crisis por la falta de agua potable y mortalidad infantil, no solamente en La Guajira, sino en departamentos como Vaupés, Vichada y Chocó, donde la situación es igual o más grave.
Sin embargo, aseguró que la solución de este drama, evidente desde tiempo atrás, incluso antes de la reforma tributaria del 2022, debió considerarse dentro de la adición presupuestal de cerca de $17 billones, aprobada en condiciones constitucionales ordinarias.
Hoy, tres meses después, Cabal dijo que la institucionalidad, basada en la separación de poderes, es fundamental para la seguridad jurídica y solo a través de ella se logra alcanzar el crecimiento económico y el bienestar para todos los colombianos.
“La decisión de la Corte Constitucional es un llamado para que el Gobierno atienda oportunamente la situación de La Guajira, en el marco de sus facultades constitucionales ordinarias. La declaratoria de emergencia nació prácticamente muerta, pues aunque la atención a La Guajira es urgente e importante no era por la vía de emergencia económica que se debía gestionar”, manifestó el dirigente.
Recalcó que la Corte Constitucional es un organismo judicial que, en ejercicio de su misión de defensa de la Constitución Política, promueve el Estado Social de Derecho y garantiza la seguridad jurídica, además de brindar confianza para los inversionistas y confianza para los negocios, en armonía con los derechos sociales de los colombianos.
“Bajo esta perspectiva, los estados de excepción no pueden convertirse en regla general para permitir al titular del ejecutivo evitar el trámite legislativo, incluso, para establecer impuestos y para eliminar la Ley de Garantías, como se pretendía con el decreto declarado inconstitucional. Sobre estos dos asuntos la inconstitucionalidad debe producir efectos inmediatos”, concluyó Cabal.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex), Javier Díaz Molina, afirmó a RCN Radio que la Corte da un año para que el Gobierno adopte las medidas que considere necesarias para conjurar la crisis de agua y la crisis que vive la Guajira.
Además, destacó al medio que la decisión no fue unánime, por lo que se tuvieron en cuenta en la discusión diferentes puntos de vista.
Presupuesto General de la Nación
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo también habló al respecto y confirmó que el hecho era previsible, ya que no cabía en una emergencia económica. Lo hizo por medio de X (antes Twitter).
“Sin duda, los problemas de La Guajira son muchos y deben ser atendidos, pero para eso existen muchas posibilidades con PGN (Presupuesto General de la Nación) y con instrumentos legales existentes”, dijo en primer lugar el exfuncionario.
Dejó claro que el hecho no era ni extraordinario ni sobreviviente. “Creo que con PGN se puede atender las necesidades existentes y cuidar la figura excepcional de la emergencia”, dijo Restrepo.
También enfatizó en que al ser una decisión diferida permite atender la problemática y que el Congreso de la República defina los caminos legales apropiados. Según él, ahora viene la evaluación de los decretos derivados donde también hay dificultades y, seguramente, algunos decretos correrán suerte similar.
“Es clave el rol ahora del Congreso”, concluyó.
Por su parte, la expresidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) Sandra Forero, criticó lo sucedido como una nueva improvisación del Gobierno Petro.
“El Gobierno de la improvisación. Presidente Gustavo Petro, que eso no sea una excusa para abandonar a La Guajira. Cuentan con todas las herramientas jurídicas y legales para encontrar soluciones estructurales en ese departamento”, señaló.
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