Red criminal de tributaristas, contadores, particulares y funcionarios públicos ayuda a reputadas empresas a evadir impuestos

Reputadas empresas se han beneficiado de las actividades de esta red criminal

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Las autoridades están detrás de
Las autoridades están detrás de una estructura que ayuda a reputadas empresas a evadir impuestos - crédito Luisa González/REUTERS

La Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) viene investigando desde 2019 por una denuncia anónima a una estructura criminal conformada por tributaristas, contadores, particulares y funcionarios públicos que a través de un sofisticado mecanismo trata de engañar a la Dian para que reputadas empresas evadan los impuestos del IVA y de renta.

“Hay 4.000 firmas legales que evadieron impuestos a través de esas redes. Son tantas e importantes que cuando se judicialicen, algunos sectores de la economía se impactarán”, le dijo un investigador al diario El Tiempo, que recientemente dio a conocer la pesquisa de las autoridades sobre el asunto.

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De hecho, ese mismo medio reveló que en el año en el que iniciaron las investigaciones fue capturada Olga Lucía Díaz Guzmán, alias la Patrona, que en 2022 firmó un principio de oportunidad; y unos meses después fue capturado Enrique Martínez Herrera, ‘el Viejo’, a quien le encontraron en su finca en Mariquita (Tolima) una caleta llena de facturas falsas de las empresas a las que le ayudaba a evadir impuestos.

Pero recientemente, el sábado 9 de septiembre, las investigaciones llevaron al allanamiento de un complejo de oficinas en el barrio Santa Bárbara, al norte de Bogotá, y de una bodega ubicada en el sector de Puente Aranda, al suroccidente de la ciudad.

Mientras que en las oficinas del norte los agentes encontraron facturas y sellos de empresas ficticias que harían parte del esquema para defraudar al fisco colombiano, en la bodega encontraron gabinetes con fajos de billetes que suman un total de $6.350 millones, equivalentes a 1,4 millones de dólares.

Dice el diario El Tiempo que los dueños de ese dinero son accionistas de una reconocida firma radicada en Cúcuta que está dedicada a la fabricación y venta de insumos y de equipos para laboratorios químicos. Además, ese mismo diario indica que los investigadores están seguros de que esa empresa hace parte de la red dedicada a evadir impuestos.

La organización criminal ofrece facturas de compañías de papel e involucraría a exfuncionarios de la Dian que mantienen contactos al interior de la entidad. El sistema es tan eficiente, que la Polfa pudo comprobar que uno de los involucrados hizo movimientos por $5.400 millones en Canary Wharf, la llamada isla de los perros (Reino Unido).

Algunas de las firmas involucradas son Distrimallas y Acero Figurado; Inversiones y Comercializadora JE y Depósito Dismahierro, según lo estableció el medio mencionado.

Uno de los casos más avanzados es el de Aforequipos S.A.S., cuya cabeza es Jairo García Cifuentes. Ese hombre es señalado de haber comprado facturas falsas durante más de cuatro años, lo cual le habría permitido incrementar su patrimonio en más de $5.800 millones. Por eso, ya fue citado en julio pasado a audiencia preparatoria de juicio por enriquecimiento ilícito.

Juan Carlos Mahecha, el apoderado de ese empresario, le dijo a, medio citado que se le debe respetar la presunción de inocencia a su cliente: “Nos defenderemos en juicio, la demora en el caso ha sido de la Fiscalía, estamos esperando la audiencia en la que pedirán pruebas y nosotros las nuestras. Dicen que son supuestamente varias estructuras y que han caído algunas, pero hasta ahora no han presentado nada”.

Evasión de impuestos en Colombia

El director de la Dian,
El director de la Dian, Luis Carlos Reyes, estimó que el país pierde 80 billones de pesos al año por la evasión de impuestos - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS.

Según lo dijo en agosto de 2022, el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, la evasión de impuestos en Colombia se estima en alrededor de $80 billones.

El código penal colombiano contempla penas de cárcel para los contribuyentes que evadan impuestos, entre lo que se incluye la omisión de activos o la declaración de pasivos inexistentes por un monto o valor igual o superior a 5.000 salarios mínimos legales vigentes.

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