Por culpa de Escobar, así fue la primera investigación contra el fútbol colombiano

En las primeras semanas de septiembre el Ministerio de Trabajo envió un ultimátum a la Federación Colombiana de Fútbol y Dimayor para que establezca una mesa de negociación con la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) sindicato que entregó a estas entidades un pliego de peticiones desde 2019.

Sumado a ello, la Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación en contra de 29 clubes del fútbol colombiano y las dos entidades ya mencionadas, por una presunta cartelización en el ámbito femenino.

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De esta forma, y ante la posible intervención de la justicia ordinaria en aspectos del fútbol colombiano, se ha especulado sobre una posible desafiliación por parte de la Fifa; sin embargo, otras federaciones en Suramérica están pasando por un tema similar, y la máxima entidad del deporte no se han pronunciado debido a que se trata de un incumplimiento de la ley.

Esta no es la primera vez que el fútbol colombiano es investigado por el Estado, ya que, en un contexto totalmente diferente, en 1983 el deporte se vio involucrado en temas de inversión por parte de los narcotraficantes más importante de la época.

Debido a que los clubes de fútbol son considerados entidades privadas, se han dado casos en los que se registran inversiones como una manera de evadir impuestos. Uno de los primeros clubes que tuvo participación por parte de criminales fue Unión Magdalena en los 70, época en la que el equipo oriundo de Santa Marta fue adquirido por Raúl y Eduardo Dávida Armenta, reconocidos traficantes de marihuana.

A esto se le sumó un aspecto de egocentrismo por parte de los capos, ya que años más tarde, relevantes narcotraficantes realizaron inversiones por medio de testaferros para adquirir jugadores y pagar algunas deudas que tenían las instituciones.

Sin embargo, lo que era un secreto a voces fue expuesto tras la inmersión de Pablo Escobar al mundo de la política; luego de que el líder del cartel de Medellín fuera anunciado como suplente del candidato a la Cámara de Representantes, Jairo Ortega en las elecciones de 1982.

La llegada al congreso del que en aquel entonces era considerado un empresario antiqueño hizo que el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en 1983, denunciara públicamente que varios clubes en el país habían sido infiltrados por delincuentes.

Debido a esto, el entonces presidente de la Dimayor, Jorge Correa, argumentó que el ministro no contaba con pruebas para comprobar sus palabras. Tras esto, el presidente de la República ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio exigir que los clubes del fútbol colombiano presentaran sus libros de contabilidad.

Esta investigación no prosperó, ya que años más tarde se descubrió que ninguno de los capos tenía intervención directa en los equipos, pues funcionaban como empresas legales y el dinero ingresaba por medio de terceros.

Tras la caída de los carteles de Medellín y Cali, también fue expuesta la importancia que estos tuvieron en el fútbol colombiano en los 80, siendo Pablo Escobar con Atlético Nacional, Gonzalo Rodríguez Gacha con Millonarios y los hermanos Rodríguez Orejuela con América de Cali, los capos más relevantes que invirtieron su dinero en el deporte.

Por fuera de estas instituciones, más capos hicieron inversiones en otros clubes, pero al ser delincuentes de un margen más pequeño a los demás, esta no quedo en evidencia con tal magnitud.

En los 80, Atlético Nacional tenía a gran parte de los futbolistas que eran recurrentes en la selección Colombia, esto bajo un proyecto de colombianidad escogido por Escobar que fue denominado los puros criollos.

Por otra parte, los hermanos Rodríguez Orejuela no tenían problema con contratar a figuras del ámbito internacional, motivo por el que América contó durante varios años con futbolistas como Julio Cesár Falcioni, Ricardo Gareca o Jorge Da Silva.