Legalizaron captura de dragoneante del Inpec que presuntamente abusó de jóvenes en la cárcel de Valledupar

El 17 de septiembre del presente año la Procuraduría General de la Nación solicitó la indagación preliminar en contra de un grupo de dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por aparentemente acosar sexualmente a un grupo de jóvenes que prestaba su servicio militar en la institución al interior del Establecimiento Penitenciario de alta y Mediana Seguridad de Valledupar conocido popularmente como ‘La Tramacúa’.

En el Juzgado 7 penal municipal se iniciaron audiencias preliminares en contra del dragoneante, Wilber Manosalva Téllez, por presunto acto sexual agravado al interior del establecimiento penitenciario de la capital el Cesar.

Desde la Fiscalía 32 Seccional Centro Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) se le acusa del acto sexual agravado al interior del centro carcelario donde permanecen asesinos de la talla de Rafael Uribe Noguera y Luis Alfredo Garavito.

El dragoneante Manosalva fue capturado en su casa ubicada en el barrio Don Carmelo junto a su esposa.

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En el comunicado emitido desde la Procuraduría se enfatizó que son tres casos los que estarían bajo conocimiento de la Fiscalía:

En caso de ser una persona natural puede acudir ante la Fiscalía General de la Nación, la Policía o a una Comisaría de Familia cercana para presentar la denuncia. Es importante contar con pruebas, como mensajes, correos electrónicos o testigos para respaldar la denuncia.

En caso de ser funcionario público, además de las opciones anteriores, es vital que se notifique el caso a la entidad empleadora y a la Procuraduría General. La denuncia es vital en estos casos para exponer al acosador ante la lupa rigurosa de las autoridades.

Línea de atención para mujeres víctimas de violencia de género: 155

Línea de Emergencia 123

Línea de atención al ciudadano de la Fiscalía General de la Nación: 570 20 00 en Bogotá o 018000 919 748 a nivel nacional

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia ha anunciado la apertura de un nuevo caso, denominado macrocaso 11, que investigará y sancionará a los responsables de más de 35.000 casos de violencia sexual y reproductiva ocurridos durante el conflicto armado en el país. Estos crímenes incluyen abusos sexuales, acosos, violencia reproductiva y otros actos motivados por la orientación sexual, expresión de género o identidad de género diversa.

El caso se dividirá en tres subcasos, con uno de ellos centrado en investigar a altos mandos que pudieron haber abusado de sus subalternos mientras participaban en acciones ofensivas en zonas de conflicto, y que posteriormente fueron encubiertos por las instituciones. La magistrada Lily Rueda destacó la importancia de enfocarse en los aspectos discriminatorios de estas violencias y en las dinámicas de guerra que amplificaron las discriminaciones estructurales que históricamente afectaron a mujeres, niñas y personas con diversas orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género.

Estudios anteriores realizados por el Tribunal de Paz revelaron detalles alarmantes sobre la violencia de género persistente atribuible tanto a miembros de las antiguas FARC-EP como a integrantes de la Fuerza Pública en Colombia. Estos estudios identificaron patrones de comportamiento, como las órdenes de género dentro de las fuerzas, que promovían la masculinidad a través de la violencia contra lo que se percibía como femenino y subordinado. También se destacó que el ejercicio del poder en las jerarquías militares era el principal mecanismo utilizado para perpetrar estas violencias, exacerbado por la influencia de los rangos y la falta de medidas efectivas de corrección o sanción.

La JEP también encontró que estos actos de violencia basados en género y orientación sexual ocurrieron en zonas de conflicto y en territorios de concentración o permanencia de las fuerzas. Además, se identificó que las principales víctimas eran en su mayoría hombres jóvenes de entre 18 y 23 años, muchos de los cuales estaban cumpliendo servicio militar en zonas de conflicto. Los actos de violencia cometidos por los mandos superiores abarcaron desde acoso sexual hasta violaciones violentas, principalmente por parte de uniformados del Ejército Nacional y la Policía.