Estos son los cuatro fallos de la Corte Constitucional que tienen en vilo la gestión de Petro

No ha sido nada fácil la gestión del Gobierno de Gustavo Petro en estos 14 meses: tiene un Congreso dispar a sus ideales, funcionarios de su gabinete han protagonizado varias salidas en falso que han costado el cambio de 12 de sus ministros, uno de sus hijos es investigado por corrupción y acumula una serie de reformas estancadas, a las que, en últimas, ha convocado ‘al pueblo’ para que las apoyen.

Hay cuatro iniciativas que están a la espera de una respuesta por parte de la Corte Constitucional que, según conoció El Nuevo Siglo, desde el lunes 2 de octubre empezará a pronunciarse.

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En ese sentido, de declararse inconstitucional, podrían tambalear: la declaración de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira; la reforma tributaria; la Ley de Paz Total y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

La Sala Plena de la Corte Suprema tomará una decisión crucial sobre la constitucionalidad del decreto 1085 de 2023, emitido por el presidente Petro, declarando oficialmente el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira, con el que busca abordar la crisis humanitaria que afecta a esa región y mitigar los efectos del fenómeno de El Niño.

El 7 de septiembre, la magistrada Natalia Ángel presentó un proyecto de fallo ante la Sala Plena que se basó en las pruebas que fueron entregadas, así como en lo expresado por diferentes actores durante una audiencia pública. Incluso, el mismo Petro participó en la diligencia para justificar la medida que había implementado en La Guajira y el concepto proporcionado por la procuradora Margarita Cabello.

En el alegato, la procuradora pidió declarar como “inexequible” el decreto 1085 de 2023, porque para ella, no son hechos sobrevinientes la crisis humanitaria en La Guajira, la situación de cosas inconstitucionales, ni el fenómeno de El Niño.

En su momento, Cabello afirmó que: “Resulta inadmisible la pretensión del presidente de la República de instrumentalizar la crisis que enfrenta La Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales por medio de la declaración de un estado de emergencia”.

Según el medio citado, entre los nueve magistrados que llevan el caso hay opiniones divididas en reconocer si existen o no los fundamentos necesarios para declarar estado de emergencia. Si se declara inconstitucional, ocurriría lo mismo con once decretos expedidos con relación a la situación de La Guajira.

Actualmente, el alto tribunal se encuentra evaluando un total de 26 demandas que fueron admitidas, de las 61 presentadas en contra de la Ley 2277 del 13 de diciembre de 2022, que contiene la reforma tributaria.

La implementación de esta normativa tiene como objetivo principal la recaudación de 19,7 billones de pesos en 2023, seguidos de un total de 20 billones de pesos durante los próximos tres años.

El Gobierno indicó que el recaudo de dichos recursos se destinarán principalmente a programas y proyectos de gasto social, enfocándose en la lucha contra el hambre y la pobreza, el fortalecimiento de la educación, la mejora de la atención en salud, la protección del medio ambiente, la transición energética, el estímulo al desarrollo productivo y el apoyo a la economía popular.

Según conoció El Nuevo Siglo, la Corte Suprema tiene previsto tomar una decisión de una de las demandas para el próximo lunes 2 de octubre, en la que se cuestionan ciertas disposiciones que afectan a los usuarios de zonas francas, así como al impuesto de renta.

En relación con esta demanda, la Sala Plena llevará a cabo la discusión del proyecto de fallo presentado por la magistrada Diana Fajardo Rivera, con el plazo máximo hasta el 10 de octubre para tomar una decisión.

La Corte Suprema se encuentra analizando tres demandas en contra de la Ley 2272 de 2022, conocida como Paz Total. En el marco de este proceso, los magistrados sustanciadores Natalia Ángel, Antonio José Lizarazo y Alejandro Linares Cantillo adelantan una serie de pruebas, incluyendo una audiencia pública que tuvo lugar el 22 de agosto de 2023, en la que participaron representantes del Gobierno, el Fiscal General de la Nación y los demandantes.

Esta legislación prorrogó los efectos de la Ley 418 de 1997, que tiene como objetivo fundamental, según el Gobierno, permitir la apertura de diálogos y conversaciones con estructuras armadas organizadas involucradas en actividades criminales de alto impacto que muestren disposición para someterse a la justicia en el marco de los esfuerzos por alcanzar la paz.

La procuradora Margarita Cabello pidió que se declarara la norma como inconstitucional:

Por último, y de acuerdo con El Nuevo Siglo, la Corte Suprema tiene una decena de demandas que han sido presentadas contra elementos clave del Plan Nacional de Desarrollo, PND.

Este plan es de vital importancia para el Gobierno, ya que establece las metas a cumplir a corto, mediano y largo plazo durante el período de cuatro años en temas como el ordenamiento territorial; seguridad humana; derecho humano a la alimentación; economía productiva; lucha contra el cambio climático; y convergencia regional.

Entre las demandas presentadas contra el PND, está la radicada por congresistas del Centro Democrático contra el artículo 233, con referencia a la transición energética, que presentaría incrementos en el sector eléctrico del 1% al 6%.

En los próximos días, según El Nuevo Siglo, la Corte dará a conocer decisiones sobre la primera de las demandas que se tramitan en contra del Plan Nacional de Desarrollo.