Por contratar a un politólogo y no un abogado, gerente del Hospital San Rafael de Andes es investigado

El gerente la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital San Rafael de Andes (Antioquia), Carlos Alberto Arroyave Zuluaga, está siendo investigado por la Procuraduría General de la Nación (PGN) por presuntas irregularidades contractuales. El organismo de control formuló cargos contra el funcionario por contratar a una persona que no cumplía con los requisitos para ejecutar el cargo que estaba libre.

De acuerdo con el Ministerio Público, se estaba requiriendo a una persona profesional en Derecho para cumplir funciones de asesoramiento en la ESE sobre aspectos contractuales y de capital humano. Sin embargo, Arroyave Zuluaga habría terminado contratando, por prestación de servicios, a un politólogo, sin tener en cuenta que en los estudios previos del proceso contractual se habían dejado establecidas los requerimientos para ocupar el cargo.

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“Para la entidad, Arroyave Zuluaga habría vulnerado el principio de planeación que tiene como finalidad garantizar al Estado el correcto ejercicio de la función pública”, explicó el organismo de inspección y vigilancia en un comunicado.

Añadió que la presunta falta disciplinaria cometida por el funcionario fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Andes. Esto, al considerar que, posiblemente, Arroyave Zuluaga, no estudió la necesidad del contrato como correspondía.

Así las cosas, la PGN explicó que el gerente del Hospital San Rafael podrá presentar descargos y/o aportar pruebas que considere necesarias para demostrar su inocencia. “El expediente se remitirá a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Valle de Aburrá para que asuma el conocimiento de la etapa de juzgamiento”, concluyó la Procuraduría.

Las irregularidades contractuales ya han llamado la atención de la PGN, que en agosto de 2023 informó que abrió indagación previa contra funcionarios, los cuales todavía no han sido determinados, del Hospital Regional de García Rovira, ubicado en el municipio de Málaga (Santander).

En este caso, se trata de un contrato destinado a la adecuación y ampliación de la ESE en cuestión, cuyo tiempo de ejecución quedo establecido por tres años. “En menos de una semana, el Hospital Regional de García Rovira adelantó una convocatoria pública por $ 64.028 millones. El proceso terminó con único oferente y sería adjudicado en las próximas horas”, detalló en su momento el organismo de control, refiriéndose a la Convocatoria Pública 003 de 2023.

De acuerdo con información que emitió la prensa, citada por la PGN, las directivas del Hospital Regional habrían actuado sin respetar el principio de selección objetiva al adelantar convocatorias “exprés” en las que no se da cabida a varios oferentes. En este caso, el contrato, además, se habría adjudicado en menos de una semana.

Por eso, se dio inicio a la recolección de pruebas por parte de la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander, con el objetivo de identificar a los posibles funcionarios implicados en el caso. Además, se ordenó inspeccionar al Secop para recolectar y evaluar los documentos correspondientes a dicha convocatoria que hayan sido publicados en la plataforma.

Cabe resaltar que en marzo de 2023, la PGN infirmó que otros cuatro gerentes de hospitales locales de Sucre también estaban siendo investigados, en este caso, por extralimitación en sus decisiones al liquidar unilateralmente contratos de prestación de servicios.

Se trata de los gerentes de la E.S.E. de Santiago de Tolú, Alfredo Cesar Tous Salgado; de la E.S.E. hospital local Nuestra Señora del Socorro en Sincé, Wilfredo Bejarano Acosta; de la E.S.E. centro de salud de Inmaculada Concepción de Galeras, María Angélica Amell Hernández; y del E.S.E. centro de salud de El Roble, Fernando Manuel Vergara Ortega.

“Asimismo, la Procuraduría Provincial de Sincelejo investiga presuntas irregularidades en órdenes de embargo y retención de recursos de la Caja de Compensación Familiar de Sucre EPS (Comfasucre) de naturaleza inembargable por una suma aproximada de $7.000 millones”, explicó en su momento la PGN.