La JEP aceptó a Simón Trinidad, el líder de las Farc preso en Estados Unidos por secuestro

El excomandante de las Farc se encuentra actualmente en una cárcel en Norteamérica condenado a 60 años de prisión

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El excomandante recibió una oportunidad por parte del Tribunal de Paz - créditos archivo
El excomandante recibió una oportunidad por parte del Tribunal de Paz - créditos archivo

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha tomado la decisión de aceptar el sometimiento de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, ampliamente reconocido como Simón Trinidad. Esta medida se produce después de que Simón Trinidad expresara en repetidas ocasiones su deseo de ser parte de este sistema de justicia transicional.

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El Tribunal de Paz tomó la decisión de asumir el conocimiento de cinco procesos penales en los que está involucrado Simón Trinidad, de acuerdo con la resolución emitida por la magistrada Diana Vega Laguna, miembro de la Sala de Amnistía o Indulto, se ha decidido también no estudiar dos casos en los que el excomandante de las Farc fue absuelto por la justicia ordinaria. Tales casos tienen relación con el secuestro de Consuelo González de Perdomo, además de un ataque a un vehículo de la administración municipal de Gigante, en Huila.

Ahora desde el Tribunal de Paz deberán analizar exhaustivamente los procesos penales que recaen sobre Simón Trinidad:

“Esta decisión le solicita a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP que recabe información adicional sobre otros 116 procesos penales y analice el estado en el que se encuentran las actuaciones en su contra, y que identifique y ubique a las víctimas de cinco procesos más para continuar con el estudio de la situación actual de Palmera Pineda en la justicia ordinaria”, señala el comunicado emitido desde la JEP.

Palmera Pineda o Simón Trinidad había presentado previamente un acta de compromiso solicitando su sometimiento a la JEP. Se debe recordar que actualmente está detenido en la prisión de USPFLORENCE ADMAX en Florence, Colorado, Estados Unidos. Donde permanece desde el 2004 cuando fue extraditado del territorio colombiano por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses. “Para notificar la decisión de sometimiento la JEP solicitará la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia”.

El ahora compareciente ante la JEP enfrenta cargos en Colombia por una serie de delitos relacionados con el conflicto armado, incluyendo terrorismo, homicidio, desplazamiento forzado, desaparición forzada, narcotráfico, y otros hechos delictivos.

Defensoría del Pueblo y JEP firmaron un convenio por los derechos de las víctimas del conflicto armado

El proceso de reconocimiento de las víctimas del conflicto armado en Colombia, que se compone de su participación para esclarecer los hechos de violencia y del conocimiento de las afectaciones que sufrieron como consecuencia de estos para garantizar su efectiva reparación, es importante para avanzar en la construcción de paz que necesita el país.

Un nuevo convenio firmado por la Defensoría del Pueblo y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pretende abrir la posibilidad de que las víctimas que quieren tener acceso a ese alto tribunal de justicia transicional, lo puedan hacer sin reparos.

De acuerdo con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, el acuerdo busca facilitar los mecanismos para la participación de las víctimas ante la JEP:

“La firma de este acuerdo nos permitirá realizar jornadas de promoción y divulgación de los derechos de las víctimas; también, sobre los mecanismos y procedimientos de participación ante tan importante tribunal como lo es la JEP, componente de justicia que forma parte del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición”, aseguró el funcionario.

El convenio, así mismo, impulsará el desarrollo de jornadas que tienen como objetivo fortalecer el alcance restaurativo de la Jurisdicción Especial para la Paz, proyecto que estará acompañado por las 42 Regionales de la Defensoría del Pueblo.

Dentro de lo acordado también está difundir e implementar el Sistema de Coordinación de la Participación Colectiva y Representación Común de las Víctimas, así como intercambiar información sobre las Alertas Tempranas y sus informes de seguimiento emitidos por la Defensoría del Pueblo para que las dos entidades, en conjunto, identifiquen escenarios de riesgo y la valoración de la respuesta del Estado, para garantizar el desarrollo de acciones eficaces en los territorios.

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