Dian aplazó la licitación de millonario contrato de chatarrización tras petición de la Procuraduría

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) decidió suspender, de momento, el proceso de adjudicación del contrato para la chatarrización de mercancías y bienes que se encuentran en su poder.

Ante las alertas hechas por la Procuraduría General de la Nación a la licitación, la entidad extendió el plazo hasta el 4 de octubre de 2023 para tomar una decisión, mientras evalúa las observaciones hechas por el ente de control.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Para el Ministerio Público, la Dian, como entidad contratante, no especificó claramente los requisitos de la selección, omitiendo exigir las autorizaciones previas de habilitación y los permisos ambientales que debe tener la empresa a seleccionar para encargarse de la desintegración del parque automotor y las mercancías de la entidad contratante.

Y es que la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, en sus tareas preventivas, advirtió que, al parecer, la Dian habría hecho modificaciones en las reglas de pliegos, afectando el deber de selección objetiva al omitir requisitos habilitantes necesarios para la comparación de las ofertas y para garantizar la correcta ejecución del contrato.

El ente de control disciplinario recordó a la Dian que tiene la posibilidad de revocar la apertura de la licitación, con el fin de adecuarla a las disposiciones legales relacionadas con la contratación pública.

La Red de Veedurías Ciudadanas denunció la existencia de un presunto “cartel de chatarrización de vehículos”. De acuerdo con la organización, la Unión Temporal RYM S. A. S. recibió de manera irregular un contrato para en la Dian sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley.

“El cartel de la chatarrización por más de $72.000.000, de la cual presuntamente haría parte Rafael Naranjo y su firma Unión Temporal RYM S. A. S., la cual habría sido autorizada ilegalmente por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Transporte para expedir los certificados de desintegración, con lo cual se habría desembolsado semejante suma de dinero”, expresó Pablo Bustos, vocero de la Red de Veedurías Ciudadanas.

Sin una persona jurídica representando a la Unión Temporal, el proceso de licitación habría estado viciado.

Por su parte, el 19 de septiembre de 2023, la Procuraduría ya había requerido al director de la Dian, Luis Carlos Reyes, para que explicara la forma en que se adelantó esta licitación.

De acuerdo con lo investigado por el Ministerio Público, la Dian habría regresado a uno de los procesos para recibir más propuestas de los oferentes: “Advierte que el defecto no es menor o un vicio de mero trámite, pues retrotraer las actuaciones para continuar realizando lances impacta la esencia misma del procedimiento de subasta pública”.

Por lo anterior, el ente de control disciplinario le pidió al funcionario enviar un informe detallado con análisis de posibles violaciones a los principios de contratación objetiva, transparencia y economía “al permitir el resurgimiento de etapas agotadas en el proceso de selección, cuando las mismas son preclusivas y perentorias”, dice el documento de la Procuraduría.

También le solicitó entregar información del proceso actual de selección y publicación del informe definitivo de evaluación de los proponentes, así como las actas de sesiones de audiencia pública de subasta y las ofertas económicas iniciales de los concursantes habilitados, en garantía del debido proceso administrativo.

Finalmente, deberá enviar una copia del manual de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso de selección de la referencia. “La petición de estos documentos se hace en el marco de una alerta por irregularidades en el proceso de licitación y contratación que se adelantó hace algunas semanas”, indicó la Procuraduría.