En Colombia ha sido cada vez más frecuente ver a comunidades y grupos sociales significativos sentar su posición y alzar la voz en contra de hechos violatorios de los derechos humanos. La manifestación es un derecho fundamental respaldado constitucionalmente; sin embargo, cuando las comunidades sienten que no son escuchadas y atendidas sus necesidades por parte del aparato estatal, se exacerban, provocando en muchas ocasiones grado de mayor conflictividad e incuso de violencia. A esto, se le llama conflicto social.
El Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo registró un total de 34 eventos de conflictos sociales, en la semana comprendida entre el 16 y el 22 de septiembre de 2023.
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La entidad identificó que entre enero y agosto de 2023, hubo 1.080 conflictos sociales en el país. Esto representa un 34% más en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando fueron presentados 804 eventos de este tipo.
Para la tercera semana de septiembre, la mayoría de los conflictos se registraron para exigir la garantía de los derechos a la educación, a la vida, la libertad, integridad y seguridad, así como para el mejoramiento de las condiciones laborales.
La mayor parte de estos eventos se presentaron en Bogotá y en 22 municipios de trece departamentos:
- Antioquia
- Arauca
- Atlántico
- Bolívar
- Cesar
- Cundinamarca
- La Guajira
- Magdalena
- Meta
- Norte de Santander
- Santander
- Tolima
- Valle del Cauca
Las comunidades que se manifestaron con alta incidencia conflictiva en distintas zonas del país, lo hicieron principalmente a través de:
- Bloqueos en la vías o cortes de ruta
- Plantones.
- Concentraciones.
- Marchas y movilizaciones.
- Paros cívicos.
- Cese de actividades
- Motines
Alerta ante conflicto sociales en varias regiones del país
La Defensoría envió una alerta ante posibles escalamientos del conflicto en Manaure (La Guajira), donde transportadores escolares se manifestaron por la falta de pago por parte del departamento, y en San Roque (Antioquia), donde habitantes del municipio se manifestaron en contra de las autoridades nacionales y regionales por la falta de formalización y titulación de las comunidades mineras.
Así mismo, consideró importante prestar atención a las conflictividades que se vienen presentando en Barrancabermeja (Santander), Arauquita (Arauca) y Bucaramanga (Santander), donde se han anunciado cierres de vía y manifestaciones por los derechos a la educación, al trabajo digno y al derecho a la vida y a la tranquilidad.
De acuerdo con la entidad defensora de los derechos humanos, “la protesta, manifestación pública y pacífica es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado, pero que es necesario señalar que debe ser ejercido de manera libre, autónoma y voluntaria en el marco de la democracia y el derecho a la participación”.
Ante ese panorama, el defensor Carlos Camargo hizo un fuerte llamado al Gobierno nacional para establecer medidas concretas que permitan una disminución de conflictos sociales en lo que resta del año: “Lo hemos dicho en distintos escenarios: es fundamental que la institucionalidad trabaje de forma articulada en la prevención temprana para que los reclamos de las comunidades en las regiones del país no terminen en eventos de esta naturaleza”, aseguró el funcionario.
También aseguró que durante las marchas y movilizaciones sociales convocadas, se hará acompañamiento por medio de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas y las 42 defensorías regionales, de los eventos que se lleven a cabo.
De igual modo, la Delegada para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social recopilará la información que permita advertir por posible escalamiento a situaciones de violencia y activar los escenarios de diálogo con las autoridades competentes y los manifestantes o participantes de las movilizaciones y con la sociedad civil.
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