Previo a la radicación del proyecto de reforma a la Ley de Víctimas (1148 de 2011), la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón, detalló varios apartados de la iniciativa elaborada en conjunto con el Ministerio de Justicia y otras entidades estatales.
El documento no solo buscará actualizar el marco de acogimiento para las víctimas reconocidas después de la firma del Acuerdo Final de Paz con las antiguas Farc, sino que también pretende acatar lo consignado en el volumen ‘Hallazgos y recomendaciones’ del Informe Final de la Comisión de la Verdad en el sentido de buscar financiación a través de una comisión para acelerar los procesos de reparación económica de quienes sufrieron afectaciones por el conflicto armado.
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Esto incluye a los agentes del Estado. “Fortalecer y adecuar los programas de rehabilitación e indemnización de víctimas miembros de la fuerza pública con la participación de sus organizaciones y garantizando su implementación de forma integral e idónea”, señaló el Informe Final.
Tema aparte, Tobón Yagarí expuso durante la presentación a víctimas de la propuesta de reforma a esta ley, que se busca también acoger en mayor medida lo establecido en el Acuerdo Final, así como atender las recomendaciones de otros órganos de control y contribuir a la superación del estado de cosas decretado por la Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004.
“La normatividad que proponemos busca fortalecer las medidas de atención y reparación para aquellas víctimas que dentro del Acuerdo de Paz se estableció que tienen derecho y que requerimos reglamentar también”, explicó la directora de la Unidad.
En esa medida, el proyecto también busca que los jóvenes reclutados en medio del conflicto interno y cuya desmovilización se produjo antes de los 23 años; tema neurálgico en el proceso de paz llevado a cabo en La Habana (Cuba). También plantea reconocer los derechos de las víctimas en el exterior, más allá de su estatus migratorio (tema consignado en el Informe Final de la Comisión de la Verdad).
Los argumentos del Ministerio de Justicia
En su intervención, Néstor Osuna explicó los ejes de la iniciativa que será radicada el miércoles 27 de septiembre ante el Legislativo. En primera medida, acentuó en que para el año 2011, año en que fue sancionada la Ley, no existía el Acuerdo de Paz y, en ese orden, el Sistema Integral para la Paz (conformado por la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas).
También sostuvo que desde entonces el registro de víctimas aumentó conforme a la disposición de las instancias de justicia transicional.
Para el alto funcionario, este es el “mejor” proyecto de ley que se presentará en la segunda legislatura centrada en las víctimas. Para ello, había anunciado una gran convocatoria dirigida a todas las instituciones estatales competentes, pero también a actores sociales y civiles, las Citrep (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz) e instituciones como la Defensoría del Pueblo para la redacción del texto a presentar.
Tema aparte, el proyecto que espera ser aprobado por el Congreso sugiere robustecer las labores de coordinación con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. En ese orden, promover mayores garantías a los derechos de quienes sufrieron afectaciones por el conflicto.
También los funcionarios precisaron que otro de los objetivos es actualizar la legislación hecha antes de la firma del Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc para articularla con los mecanismos transicionales de atención y reparación a víctimas.
Otras dependencias como el Centro Nacional de Memoria Histórica, la oficina del alto comisionado para la Paz, la Defensoría del Pueblo y colectivos de víctimas y organizaciones sociales, indígenas, raizales, negras, palenqueras y de pueblos gitanos contribuyeron con la elaboración del proyecto.