Director de la Agencia Nacional de Tierras denunció a exfuncionarios por incumplimiento de sentencias de restitución de tierras

La Fiscalía General de la Nación tendrá que investigar 78 casos por omisión y fraude a resolución judicial o administrativa de policía

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El director de la ANT, Gerardo Vega, invitó a los colombianos y colombianas a actualizar información si hicieron una solicitud de restitución de tierras y no recibieron el título - crédito AFP/Alberto González
El director de la ANT, Gerardo Vega, invitó a los colombianos y colombianas a actualizar información si hicieron una solicitud de restitución de tierras y no recibieron el título - crédito AFP/Alberto González

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega, informó que instauró una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación (FGN) en contra de exfuncionarios de la entidad por presuntamente incumplir sentencias proferidas por jueces y tribunales civiles referentes a la restitución de tierras.

De acuerdo con un comunicado de la ANT, la denuncia surgió como respuesta a una petición que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, durante un evento organizado por la ANT que se llevó a cabo el 30 de agosto en el municipio El Salado (Bolívar). El mandatario solicitó que se hiciera dicha diligencia en contra de exfuncionarios que hubieran omitido ejecutar lo ordenado en las sentencias, que buscarían favorecer a las víctimas del conflicto armado.

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Así las cosas, luego de que se hiciera una revisión de los fallos de los jueces y tribunales, la ANT puso en conocimiento 78 casos que ahora la FGN deberá investigar. Las denuncias se hicieron por la presunta comisión de los siguientes delitos: prevaricato por omisión y fraude a resolución judicial o administrativa de policía.

El Código Penal colombiano, en el artículo 414, define el primero de ellos de la siguiente manera: “El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones”. La normativa fija una pena de 30 a 90 meses de prisión para quien comete este delito, así como el pago de una multa que 13.33 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv). También contempla una sanción de inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por un término de 80 meses.

Por su parte, el segundo tipo penal está definido así: “El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial o administrativa de policía”. Por este crimen se podrá incurrir en prisión de uno 1 a 4 años y al pago de una multa de 5 a 50 smlmv.

El plan de descongestión y entrega de títulos

La ANT también informó sobre el plan que implementará la entidad para descongestionar solicitudes de restitución de tierras por parte de víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta que hay títulos que fueron expedidos, pero que desde 1.987 no han sido entregados a las personas beneficiarias.

“Campesinos y campesinas de Colombia, si presentó una solicitud ante el Incora o el Incoder y nunca recibió respuesta, esta es la oportunidad para que actualice sus datos y reactive su trámite”, dijo el director de la ANT Gerardo Vega, citado en un comunicado de la entidad.

La ANT invitó a la ciudadanía a acercarse a cualquiera de las 32 oficinas regionales que tiene la entidad para que se informen sobre cómo actualizar la información correspondiente en el sistema. Quienes deseen podrán ir a las oficinas desde el 1 de octubre, o, si lo prefieren, existe la posibilidad de indagar sobre ello en la página web de la entidad.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la ANT recibió 31.589 cajas de archivo por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) luego de que fuera liquidado en 2016 por problemas de corrupción y malos manejos. Ahora, la Agencia es la encargada de dar diligencia a los trámites de titulación de tierras que quedaron inconclusos desde entonces. El director de la ANT indicó que se han estado entregando títulos que estaban “engavetados”.

“El Incoder como muchas entidades del Estado, tuvo problemas de corrupción y ese fue el factor principal para que el presidente (Juan Manuel Santos) ordenara su supresión y liquidación. En el proceso liquidatorio identificamos que estaba mal para recomponerlo. Se lograron presentar las denuncias y abrir las investigaciones disciplinarias pertinentes dentro de nuestra competencia”, explicó en su momento el exgerente del Incoder Mauro Palta Cerón, en conversación con Semana.

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