En medio de la creciente preocupación por los drásticos aumentos en el Impuesto Predial Unificado en Colombia, la representante Alexandra Vásquez presentó una propuesta legislativa destinada a mitigar las afectaciones económicas que han golpeado a numerosas personas en todo el país.
Estos aumentos repentinos, que han llegado a superar el 5.000%, se deben en gran medida a la mala implementación del catastro multipropósito, un problema que ha afectado a familias en municipios y zonas rurales por igual.
La mala implementación del catastro multipropósito en Colombia ha desencadenado una crisis fiscal que ha afectado a propietarios de predios en todo el país.
En audiencias públicas organizadas por la representante Alexandra Vásquez en diversos municipios, los afectados expresaron su frustración con la forma en que se estaba llevando a cabo este proceso.
Un habitante de Soacha, uno de los municipios más afectados, señaló: “El catastro fue mal implementado, nosotros no teníamos por qué cargar con la inoperancia del Estado de no hacer el catastro cada 5 años”.
La situación se agrava al considerar que en Colombia existen aproximadamente entre 17 y 19 millones de predios, y muchos de estos catastros no se han actualizado en más de dos décadas. Históricamente, la responsabilidad de la actualización catastral recaía en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pero en 2019 se habilitó a los departamentos y municipios como gestores catastrales, permitiendo incluso la participación de operadores catastrales sin experiencia en la materia. Este cambio ha afectado negativamente a millones de ciudadanos.
La propuesta de la representante Vásquez busca aliviar el impacto económico de los aumentos en el Impuesto Predial Unificado mediante varios puntos clave:
- Para el primer año después de una actualización catastral, el valor del Impuesto Predial Unificado no podrá exceder el 50% de la diferencia entre la liquidación del año anterior y la nueva, a menos que el valor haya aumentado más del 100%.
- Se busca establecer un límite máximo para el Impuesto Predial Unificado, basado en el IPC (Índice de Precios al Consumidor) más un porcentaje adicional. Si el IPC supera los dos dígitos, el aumento se limitará al IPC del valor del IPU en el año anterior.
- Los predios que no hayan sido actualizados con enfoque multipropósito tendrán un límite máximo del 50% del monto liquidado el año anterior por el mismo concepto.
- Para viviendas de estratos 1 y 2 con un avalúo catastral de hasta 175 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), el incremento anual del Impuesto Predial no podrá superar el 80% del IPC.
- Se proponen excepciones y factores diferenciales en la liquidación del Impuesto Predial Unificado, que requerirán la aprobación de los concejos distritales y municipales.
Además de abordar el impacto económico de los aumentos en el Impuesto Predial Unificado, la representante Vásquez busca reformar aspectos clave del proceso catastral como que la carga de la prueba en la revisión de las condiciones de un predio no recaiga en el propietario, sino en el gestor catastral. Esto responde a las quejas de la comunidad en las audiencias públicas, donde se señaló que se exigen peritajes o inspecciones oculares costosas.
Por otro lado y para abordar los rezagos en la actualización catastral, se plantea la posibilidad de sancionar a los gestores catastrales que no cumplan con los plazos establecidos, junto con investigaciones disciplinarias a los funcionarios responsables.
Entre tanto, desde 2021, en el municipio de Soacha, se han registrado numerosas protestas sobre el incremento del impuesto predial. Aunque en su momento el Concejo Municipal debatió una propuesta para extender los plazos de pago, esta fue rechazada, lo que desencadenó manifestaciones de ciudadanos frente a la alcaldía.
La preocupación por los aumentos en el impuesto predial comenzó en febrero del 2021, cuando los residentes recibieron facturas con incrementos de hasta un 300%. El alcalde Juan Carlos Saldarriaga, 2020 - 2023, explicó que el municipio había descuidado la actualización catastral durante varios años, lo que había resultado en una recaudación insuficiente.
Esta decisión provocó que los ciudadanos se congregaran en la plaza principal para expresar su descontento. Alzaron banderas, corearon consignas y, en algunos casos, arrojaron huevos hacia el edificio donde se debatió el proyecto.
En otro desarrollo, en junio del 2023, la Superintendencia de Notariado y Registro emitió un fallo que impone sanciones y multas tanto al municipio de Soacha como a la sociedad Catastro Avanza, ambas involucradas en la actualización catastral. El municipio deberá pagar una multa de 712 millones de pesos, mientras que Catastro Avanza enfrenta una multa de 534 millones de pesos. Estas multas, que suman más de 1.240 millones de pesos en total, deben ser abonadas en un plazo de 15 días hábiles a partir de la resolución.