Presos con medida de casa por cárcel quedarían sin vigilancia: se venció contrato de monitoreo de brazaletes del Inpec

Incertidumbre genera la terminación del contrato que mantenía la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) con la empresa Buddi Limited Sucursal para mantener la vigilancia de los privados de la libertad con medida de casa por cárcel en el país.

Según se conoció, la Uspec no logró licitar una nueva contratación antes del término del contrato vigente, por lo que más de 5.500 detenidos en sus domicilios estarían sin supervisión electrónica.

El vínculo que mantenía la Uspec con la firma finalizó a la medianoche de este 25 de septiembre, y hasta el momento no se había concretado un nuevo acuerdo con ninguna empresa para quedarse con la vigilancia de los retenidos. De acuerdo con la versión entregada por el director de esa entidad, Ludwing Joel Valero, el percance se presentó ante la decisión del Presidente de no permitir las licitaciones con único oferente.

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Lo que causa malestar entre los diferentes sectores es que la entidad ha declarado en tres oportunidades la urgencia manifiesta, que le da potestad a la Uspec para contratar directamente sin necesidad de una licitación pública. En todos los casos, se ha manifestado que los convenios con la empresa Buddi Limited Sucursal se han cumplido como consecuencia de la inmediata vigilancia que requieren los privados de la libertad, que no ha dado el tiempo suficiente para abrir una licitación.

Sin embargo, la urgencia manifiesta se ha declarado desde el 2021 y desde entonces, no se ha abierto una sola licitación para que empresas especializadas puedan postularse. Según comentó el director, la imposibilidad de adelantar un proceso de selección desde hace tres años se ha debido a la ficha de requisitos que se ha expedido desde la entidad, que no permitía la pluralidad de los oferentes.

Sin embargo, el monitoreo de los brazaletes es un servicio ininterrumpido, por lo que han debido prorrogar el contrato con dicha empresa de forma continua.

Ludwing Joel Valero señaló que en la última semana se emitió una nueva ficha de requisitos en la que se flexibilizaron ciertas condiciones técnicas para permitir que más empresas se postulen para quedarse con el millonario contrato. “Con la ficha que nos entregaron esta semana, nosotros ya con esa ficha garantizamos que haya pluralidad de oferentes porque se quitaron algunas cosas muy particulares que en últimas terminarían beneficiando a la firma que está”, señaló el director en diálogo con Bluradio.

De igual forma, Valero aseguró que la ficha quedó publicada a partir de hoy y ya iniciará el proceso de licitación para adjudicar un contrato. Asimismo, confirmó que antes de finalizar el 2023 quedará seleccionado el oferente que velará por la vigilancia de los presos con medida de casa por cárcel en los próximos meses.

Mientras tanto, Buddi Limited Sucursal continuará a cargo del servicio tecnológico, después de que se decretara en las últimas horas una nueva urgencia manifiesta y la firma aceptara no interrumpir sus labores desde la medianoche de este 26 de septiembre. Según indicó el director, la empresa continuará vinculada a la Uspec por el tiempo que dure el proceso licitatorio, más un periodo adicional de cuatro meses que correspondería al tiempo de transición con el nuevo contratante.

Entretanto, la Contraloría ha referido varias veces que la contratación exprés de la Uspec podría incurrir en hechos irregulares, por valerse de un mecanismo que es usado solo en casos excepcionales y que han perpetuado en el tiempo.

“No puede dejarse de lado el comportamiento reiterado de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que desde el momento que declaró la primera urgencia manifiesta, esto es en el año 2019, argumenta que no contar con el presupuesto, ni con el tiempo suficiente para la planeación de un proceso contractual con garantías de pluralidad de oferentes y selección objetiva, y por contrario, sigue insistiendo en el uso de esta figura como mecanismo para acudir a la contratación directa” señala una resolución del ente de control.

Asimismo, desde la Procuraduría General de la Nación también se adelantan investigaciones para determinar la responsabilidad de los involucrados en la postergación de la licitación que pone en jaque la seguridad del país.