Paloma Valencia denunció prácticas irregulares del Ministerio de Justicia: ¿de qué se trata?

La senadora Paloma Valencia denunció el martes 26 de septiembre de 2023 presuntas malas prácticas del Ministerio de Justicia en encuestas que realizó a sus contratistas.

De acuerdo con la congresista del partido Centro Democrático, la cartera estaría enviando correos solicitando información sobre la filiación política de sus empleados.

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Con las fotos que adjuntó Paloma Valencia en su denuncia, se evidencia que dicha información se solicitó por medio de una encuesta, aparentemente de actualización de datos, que los contratistas debían realizar antes del 17 de agosto de 2023.

Sin embargo, en dicha encuesta, se incluyeron preguntas que no estaban relacionadas con las funciones laborales.

Paloma Valencia argumentó que solicitar la filiación política de los contratistas es una vulneración a su intimidad y va en contra de la Ley para la protección de datos personales (Ley 1581 de 2012).

Lo anterior, debido a que dicha norma pone de manifiesto una posibilidad de discriminación política en el proceso de contratación y renovación de contratos del Ministerio de Justicia.

En Colombia, la Ley 1581 de 2012 constituye el marco general de la protección de datos personales. Esta norma jurídica reconoce y protege el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos que sean susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada.

De acuerdo con el marco regulatorio de los datos personales, estos hacen referencia a toda aquella información asociada a una persona y que permite su identificación. Por ejemplo, su documento de identidad, el lugar de nacimiento, estado civil, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral, o profesional.

Existe también información más sensible como su estado de salud, sus características físicas, ideología política, vida sexual, entre otros aspectos.

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos sensibles son aquellos que revelan información sobre:

• El origen racial o étnico.
• La orientación política.
• Las convicciones religiosas o filosóficas.
• La afiliación a sindicatos u organizaciones sociales y de derechos humanos, o si promueve intereses de algún partido político.

También se consideran datos sensibles aquellos relacionados con la salud, la vida sexual y los datos biométricos. La protección y tratamiento de estos datos están sujetos a regulaciones y principios especiales para garantizar la privacidad y seguridad del titular.

Los datos personales conforman la información necesaria para que una persona pueda interactuar con otras o con una o más empresas y/o entidades para que sea plenamente individualizada del resto de la sociedad, haciendo posible la generación de flujos de información que contribuyen con el crecimiento económico y el mejoramiento de bienes y servicios.

Así, por ejemplo, cuando se hace una solicitud de crédito ante una entidad financiera, se requiere diligenciar formularios con información personal, o cuando se realiza una compra, se suelen solicitar datos como el número de documento de identidad, correo electrónico, dirección y teléfono de contacto, entre otros.

El artículo sexto de la Ley 1581 de 2012 establece las excepciones en las que se permite el tratamiento de datos sensibles, estas son:

• El consentimiento explícito del titular.
• Casos donde se salvaguarda el interés vital del titular y este se encuentre incapacitado.
• Tratamientos realizados por organizaciones sin ánimo de lucro para fines políticos, filosóficos, religiosos o sindicales, pero estos no se podrán suministrar a terceros sin la autorización del titular.
• El tratamiento necesario en procesos judiciales.
• Con fines históricos, estadísticos o científicos, con medidas de supresión de identidad del titular.