El atentado ocurrido el pasado 20 de septiembre en Timba, Cauca, ha sido atribuido al Estado Mayor Central. En un comunicado del pasado 22 de septiembre, las disidencias reconocieron la autoría de la agresión, que dejó un saldo de dos civiles muertos y cinco heridos, luego de que explotara el carrobomba destinado a la Estación de Policía del corregimiento.
Según el documento emitido por el EMC, las disidencias lamentan “profundamente los hechos ocurridos en el corregimiento de Timba, Cauca, en una acción de guerra contra la estación de policía, ubicada en medio de la población civil entre un colegio y un hospital infringiendo normas del Derecho Internacional Humanitario”. El carrobomba, según las autoridades iría cargado con 150 explosivos.
Al reconocer el crimen, también señalaron que la muerte de la docente Luz Stella Balanta fue un “error” de “imprecisión”. Indica la notificación que el grupo armado se “solidariza con sus familiares y amigos, sabemos que la heridas de guerra son difíciles de sanar por mucho que digamos o hagamos. En esta responsabilidad compartida debemos honrar la memoria del señor Ardany Álvarez-también fallecido en el atentado- y la profesora Luz Stella Balanta”.
En su comunicado, la guerrilla dejó claro que las ofensivas corresponden a la inacción del Gobierno con respecto al cese bilateral del fuego con las Fuerzas Militares. Allí expresan al Presidente que es necesario que ordene una medida de estas, pues ellos tienen derecho a la “legitima defensa“. “Ante los planes militares contra las FARC-EP y entendiendo que no hay cese al fuego bilateral temporal de carácter nacional y territorial, nos reservamos el derecho a la legitima defensa. Si queremos la paz, tomemos decisiones y paremos la guerra”, enfatizó el grupo armado.
Pese a estas declaraciones, en entrevista con Caracol Radio, Andrey Avendaño, vocero de la Comisión de Paz de la disidencia, y uno de los mandos del EMC, declaró que en su comunicado se reconoce la autoría de los hechos, pero que “ninguna de nuestras acciones militares van encaminadas a afectar a la población civil. Hemos sigo enfáticos hay que hacer distinción entre la población y la Fuerza pública”.
Uno de los primeros errores es que la Policía no puede estar cerca de los centros poblados. Cómo es posible que haya un puesto de policía cerca de un colegio o de un hospital, donde, precisamente, la policía en cualquier escenario pueda ser blanco de objetivos militares, en defensa del Derecho Internacional Humanitario”. Esto lo mencionó argumentando que, contrariamente al Estado colombiano, la disidencia no es firmante de los acuerdos de derechos humanos como la Convención de Ginebra. Por eso, para el jefe guerrillero, la fuerza pública debe estar alejada de los puntos poblacionales, porque estos últimos “pueden correr riesgos”. }
Ante la pregunta de los periodistas sobre si reconocían que la muerte de la profesora fue un error del grupo armado, Avendaño recalcó que sí, que “lamentaban lo sucedido”. Sin embargo, al considerar su declaraciones de que hubo un error militar y de que reconocían lo ocurrido con el carrobomba, los periodistas le preguntaron sobre la masacre de los 4 niños en el pasado mes de mayo, y la muerte de la profesora Luz Stella, en un marco de cese al fuego. Allí le preguntaron cómo garantizarían que no ocurriría otro “error” y otro “perdón” contra civiles en el futuro, luego del cese. Su respuesta fue contundente: “No, es que nosotros no estamos pidiendo perdón. Aquí lo que estamos es diciendo que lamentamos lo sucedido. Son dos cosas totalmente diferentes.
Aún así, la disidencia del ECM, como medida inmediata, anunció a los colombianos que suspendería las “acciones ofensivas en todo el territorio nacional contra las Fuerzas Militares y policiales y las garantías para que todas las fuerzas políticas se desarrollen de manera transparente y sin corrupción del proceso electoral en curso”.
También el grupo señaló que ordenan “a todos los frentes, columnas y compañías pertenecientes a las FARC-EP, suspender las acciones ofensivas en todo el territorio nacional contra: Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional, y fuerza aeroespacial”, desde el día de la emisión del comunicado, el pasado 22 de septiembre.