Durante el martes 26 de septiembre, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que el miércoles 27 será radicado en el Congreso el proyecto que busca reformar la Ley de Víctimas, sancionada por el gobierno de Juan Manuel Santos en 2011.
Según el alto funcionario, la iniciativa se presentará a las 10:00 a. m. en el Legislativo y serán explicados sus ejes, dentro de los que se encuentran un reconocimiento e inclusión de las víctimas que ya fueron acreditadas en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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”Como esta ley es anterior a la existencia de la JEP, entonces estas personas que han sido admitidas como víctimas en el tribunal no han podido inscribirse en el censo de víctimas”, explicó el jefe de la cartera de Justicia y el Derecho sobre el texto.
La discusión sobre un proyecto de reforma a la Ley 1448 de 2011 no es nueva. De hecho, desde el primer semestre de 2023 fue anunciada la preparación de una serie de cambios bajo el argumento de que ya era “obsoleta” esta legislación teniendo en cuenta que fue elaborada y aprobada antes de la firma y refrendación del Acuerdo Final de Paz con las antiguas Farc.
En junio, el ministro Osuna y la directora de la Unidad de Víctimas (Uariv), Patricia Tobón, anunciaron la presentación del proyecto que propondrá cuatro grandes transformaciones a la ley sancionada en el primer periodo presidencial de Santos Calderón.
Las transformaciones que se buscan sobre la actual ley
Un primer eje del proyecto de reforma es articular la política de víctimas con el Sistema Integral para la Paz, creado en el Acuerdo Final de 2016 y compuesto por la JEP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd).
Como segunda premisa, también plantea superar los “bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales” identificadas dentro del Estado de cosas contemplado en la sentencia T-025 de 2004 proferida por la Corte Constitucional.
Como tercera medida, el proyecto que espera ser aprobado por el Congreso sugiere robustecer las labores de coordinación con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. En ese orden, promover mayores garantías a los derechos de quienes sufrieron afectaciones por el conflicto.
También los funcionarios precisaron que otro de los objetivos es actualizar la legislación hecha antes de la firma del Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc para articularla con los mecanismos transicionales de atención y reparación a víctimas.
Para el ministro de Justicia, este es “el mejor proyecto de ley” que se presentará en la segunda legislatura centrada en las víctimas. Para ello, había anunciado una gran convocatoria dirigida a todas las instituciones estatales competentes, pero también a actores sociales y civiles, las Citrep (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz) e instituciones como la Defensoría del Pueblo para la redacción del texto a presentar.
Previo a la radicación, la directora de la Uariv también explicó la necesidad de actualizar la Ley 1448 y articular la política de víctimas con la Paz Total del actual Gobierno, entendida ahora como una reglamentación de Estado. Sobre esto, resaltó que otro de los efectos que tendría la aprobación de esa ley sería la creación de políticas “efectivas y duraderas para atender asuntos de hechos victimizantes como el desplazamiento forzado”.
“La Ley 1448 es un hito en el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, su implementación no ha cumplido a cabalidad los objetivos y en los últimos años se han hecho llamados para su modificación”, puntualizó Tobón Yagarí sobre el apremio para reformar la legislación actual.