Tras la publicación del informe Del Capitolio al territorio, que hace un balance de la implementación del Acuerdo Final de Paz con las Farc, el senador Humberto de la Calle, uno de los autores del reporte, anunció que citará a un debate de control político a los organismos del Estado que tienen injerencia en la implementación y que este será después de las elecciones del 29 de octubre.
“A raíz de este informe, que es multipartidista y que es muy serio, nosotros vamos a plantear un debate de control político”, anunció el senador, según lo citan en El Espectador
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El exjefe de la delegación del Estado colombiano en los diálogos de La Habana (Cuba) dijo que la citación se hará después de las elecciones regionales para que esto no se “convierta en un tema electoral” y advirtió que la “paz total arranca de cumplir el acuerdo”:
“Lo voy a plantear después de las elecciones para que esto no se convierta en un tema electoral, donde todos los organismos del Estado competentes vengan al senado a rendir cuentas y examinemos estas cifras y esta situación, con toda ponderación, sin una brizna de interés político partidista, sino con un objetivo: la paz total arranca de cumplir el Acuerdo de La Habana, de lo contrario estaríamos yendo contra el sentido común”
El senador señaló que, tras un año del Gobierno de Gustavo Petro la implementación del Acuerdo Final de Paz con las Farc tiene “claroscuros, hay cosas buenas, regulares y otras prácticamente inexistentes”, aun así reconoció que ha habido avances, pero que “general el proceso de implementación está marchando muy lentamente”.
¿Qué dice el informe?
Del Capitolio al territorio es un informe de la Comisión de Paz del Congreso de la República junto con la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y tuvo la participación de congresistas de varios partidos y de ambas cámaras, entre estos destacan Humberto de la Calle, David Luna, Cristian Avendaño, Catherine Juvinao, Katherine Miranda, Daniel Carvalho, Jennifer Pedraza y Alirio Uribe.
Para realizar el informe, los congresistas hicieron más de treinta visitas a los territorios más afectados por la violencia, también, un seguimiento a indicadores de las políticas para la implementación del Acuerdo Final de Paz, que se condensaron en varias preocupaciones: la baja de ejecución de recursos, la seguridad en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, el acceso a la tierra, el incumplimiento en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, así como el rezago en la implementación de las leyes nacidas del acuerdo y la demora de los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en emitir resultados.
De acuerdo con el informe, actualmente el 31,7% de las normas para implementar el acuerdo siguen pendientes, mientras que el Punto 1, sobre la Reforma Rural Integral, es el más atrasado, pese a que se reconoce que el Gobierno de Gustavo Petro ha destinado más recursos a la formalización de tierras, solo ha entregado el 13,7% de los predios que han entrado al Fondo de Tierras entre agosto de 2022 y mayo de 2023.
Sobre implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), el informe advierte que solo el 3,5% de las familias han recibido la totalidad de recursos de proyectos productivos de ciclo corto. En materia de justicia, se señala que la Jurisdicción Especial para la Paz aún no ha emitido ninguna sanción en contra de los responsables del conflicto.
También se exhorta a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas fortalecer sus mecanismos de búsqueda, y dan cuenta que con corte a mayo de 2023 la unidad recibió 22.211 solicitudes de búsqueda e identificado a 103.955 personas desaparecidas.
El informe completo se puede leer a continuación:
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