La crisis migratoria que se está registrando en el Tapón del Darién no solo afecta a los municipios aledaños a la selva que conecta a Colombia y Panamá, sino también al resto de naciones que hacen parte de la ruta que lleva hasta Estados Unidos, trayecto que inicia en el país cafetero.
La jungla del Darién es una zona remota y peligrosa, pero al ser la única ruta terrestre entre América Central y América del Sur, se ha convertido en el paso obligatorio de los migrantes que buscan cumplir el sueño americano.
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La Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia (Dijín) y la Fiscalía General de la Nación confirmaron que fue desmantelada una red criminal que se encargaba de gestionar visas y documentos falsos a los extranjeros que llegaban al país para que pudieran ingresar a Colombia.
Luego de ello, los extranjeros eran movilizados hasta el Urabá, subregión ubicada entre Antioquia y Chocó —hace parte de los últimos territorios del país antes de llegar al Tapón del Darién—, en donde se adentraban a la jungla para ingresar a Panamá.
De acuerdo con el informe entregado por las autoridades, la organización llevaba siete años operando en Colombia, teniendo diferentes puntos de operación en el país, uno de ellos en Nariño, en donde cobraba a los migrantes entre 2.000 y 2.500 dólares para llevarlos hasta Urabá Este pago incluía hospedaje y alimentación durante el recorrido.
Además, se reveló que existieron casos en los que personas que habían sido inadmitidas en Migración del aeropuerto El Dorado de Bogotá eran contactadas por los criminales para permitir el acceso con documentos falsos. En muchos casos, la organización ilegal escondía a las víctimas en canecas de basura para que pudieran salir del aeropuerto.
Bajo este método habrían logrado realizar diez operaciones de tráfico de migrantes con éxito, mientras 27 fueron descubiertos de manera individual por las autoridades, con lo que se evidenció la conexión entre ellos.
En los operativos que permitieron el desmantelamiento de la red criminal fueron capturadas 10 personas que harían parte de la organización criminal, que fueron judicializadas por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
De la misma forma, en las acciones adelantadas entre la Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía Nacional fueron ubicados ocho ciudadanos cubanos que se encontraban alojados en una vivienda que pertenecía a una de las personas que fue capturada; los extranjeros fueron puestos a disposición de Migración Colombia.
Además, durante los operativos de allanamiento se logró la incautación de 11 celulares, 19 pasaportes falsos, 79 millones de pesos y 29.000 euros en efectivo.
La Fiscalía confirmó la captura de: Yesid Mauricio Posada Martínez, Rubelly Prado Valenzuela, Daniel Mauricio Charfuelan Atis, Yonier David Torres Burgos, Yimi Fernando Gallego Cubides, Emerson León Berrio, John Ernesto Lemus Jaramillo, Ariana Luz Buelvas Portela, Carlos Andrés Pérez Ballesteros y a Jan Pieter de Vrijer Molina, que sería el cabecilla de la organización ilegal.
Junto al material incautado, fue dictada medida cautelar de embargo y suspensión sobre 16 muebles e inmuebles avaluados en más de 2.400 millones de pesos, entre vehículos, hoteles, establecimientos comerciales y viviendas.
De esta forma, la Fiscalía General de la Nación imputó a los capturados por su presunta responsabilidad individual de los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir, pero ninguno de los procesados aceptó cargos, sin embargo, un juez ordenó que los investigados deberán permanecer con medida de aseguramiento de detención domiciliaría mientras continúa el proceso.