Ella es Luz Adriana Camargo, la candidata a ser fiscal General que reemplazó a Amparo Cerón

En una decisión que había dejado entrever en diálogo con diferentes medios, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo modificaciones a la terna que había radicado ante la Corte Suprema de Justicia para la escogencia de la que sería la nueva fiscal General de la Nación, a partir del 5 de febrero de 2024. Y cambió a una de las candidatas.

Con la carta radicada personalmente ante los magistrados del alto tribunal, Petro sacó de la lista a Amparo Cerón e incluyó a Luz Adriana Camargo. El motivo venía ventilándose en las esferas privadas del mandatario, pero no cayó bien en el Ejecutivo la relación cercana que Cerón tiene con el exfiscal Néstor Humberto Martínez, contradictor de Petro.

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Además de que Cerón fue la persona que tuvo a su cargo las investigaciones por el escándalo de corrupción de Odebrecht, los resultados de su gestión fueron altamente cuestionados. De hecho, el ente investigador continúa en la labor de desenredar el entramado delictivo relacionado con obras como la Ruta del Sol II.

Si bien logró procesar a José Elías Melo, entonces director de Corficolombiana, como también a Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte, sus actuaciones generaron inconformidad, pues, según expertos, se habrían quedado cortas en vincular a otros responsables de este caso, por el que el Grupo Aval pagó una multimillonaria multa en Estados Unidos.

En consecuencia, Petro incluyó a Camargo, una mujer que es conocida por su ministro de Defensa, Iván Velásquez, que se encargó de asesorar la confección de la lista de ternadas. La mujer es llamada como la “sombra” del titular de la cartera, pues lleva más de dos décadas haciendo parte de su equipo de trabajo, en diferentes estamentos.

Así sucedió entre el 1 de octubre de 2013 y 3 de septiembre de 2019, cuando fue designado como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). En el país centroamericano ocupó el cargo de jefa del departamento de Investigación y Litigio, en el que fue objeto de fuertes controversias.

Lo anterior, debido a que la mujer, al igual que Velásquez, resultaron salpicados al ser señalados de presuntos actos de corrupción relacionados con las investigaciones de Odebrecht. Y todo por destapar lo que sería una red de corrupción, que llegó a los más altos niveles en este país y causó la molestia de poderosos que forzaron su salida.

Además de esta labor, Camargo es reconocida por al frente junto a Vélasquez de la investigación del fenómeno de la parapolítica, durante la época en la que ella y el hoy ministro fueron magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia. La investigación terminó involucrando a más de 50 congresistas, la gran mayoría de ellos condenados.

En su trayectoria política se destaca que Camargo es abogada titulada de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas. Y cuenta con un título de posgrado en Derecho, Política y Criminología en la Especialidad de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca (España).

En su hoja de vida profesional, Buitrago Ruiz cuenta con el título de abogada de la Universidad Externado de Colombia, además de una especialización en Ciencias Criminológicas del mismo centro universitario; y de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca (España).

La aspirante imparte enseñanza en la Universidad Externado en el área de Derecho Penal. Además, ha ocupado cargos como el de subsecretaria de la comisión del Código Penal Tipo para Iberoamérica y Fiscal Delegada ante la Corte Suprema en su hoja de vida.

Forma parte del Instituto Colombiano de Derecho Procesal Colombiano, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y del Colegio de Abogados Penalistas de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca. También es recordada por liderar en la Fiscalía el proceso de investigación ante la Corte Suprema de Justicia que buscaba determinar la suerte de los desaparecidos en la operación de retoma del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985.

Una labor que fue clave para la condena del coronel retirado Alfonso Plazas Vega, que a su vez fue acusado del delito de desaparición forzada; junto a los generales Jesús Armando Arias Cabrales e Iván Ramírez.

Ocupó la jefatura de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y tuvo a su cargo investigaciones contra los grupos paramilitares, los cuales en la década de los años 90 establecieron vínculos con miembros del Ejército Nacional.

Se destaca en su trabajo en el ente investigador el rastreo al accionar delincuencial de los cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso; lo que le costó el exilio en 2003. Desde entonces reside en Canadá.

En su historial, fue la mujer que abrió investigación contra el general retirado del Ejército Jaime Humberto Uscátegui, señalado de ser el responsable de la masacre de Mapiripán (Meta), perpetrada del 15 al 20 de julio de 1997 por parte de las autodefensas.