El enfrentamiento entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el concejal del Centro Democrático Sebastián López podrá tener consecuencias disciplinarias para el mandatario. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación por los hechos.
El Ministerio Público informó la apertura de la investigación disciplinaria en contra de Quintero “con el propósito de verificar las presuntas manifestaciones irrespetuosas hechas por el funcionario contra el concejal de la ciudad Sebastián López”.
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La pelea que analizará la Procuraduría ocurrió el 21 de septiembre en el Concejo de Medellín. El alcalde acudió al recinto para radicar un proyecto de acuerdo en su intento por liquidar la sociedad Tigo-UNE y ofreció una rueda de prensa en la que acusó al uribismo de ser parte de un supuesto cartel que él mismo ha llamado “el de los 20 billones de pesos”.
López, junto a otros miembros del Centro Democrático, confrontaron a Quintero luego de sus declaraciones para señalarlo de “robarse” EPM y pedirle explicaciones por acusarlos de corrupción. Ambos se enfrentaron a gritos en una discusión que concluyó con la frase “pa’ no pegarle, hijueputa” dicha por el alcalde.
La Procuraduría señala que por esa frase, Quintero habría insultado al concejal antes de abandonar el recinto, como quedó registrado en numerosos videos de las personas que presenciaron la discusión y que luego fueron compartidos en redes sociales y medios de comunicación.
“Con la apertura de la investigación, el Ministerio Público busca determinar si se cometió una falta disciplinaria por parte del alcalde Quintero, esclarecer los motivos determinantes del hecho, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron y la responsabilidad del investigado”, señaló el ente disciplinario.
Los procuradores delegados solicitarán una serie de materiales probatorios, así como analizarán los videos que registraron el momento, para determinar si el mandatario incurrió en una falta disciplinaria que podría causarle problemas durante los últimos meses de gobierno.
Ya hay precedentes de la Procuraduría en ese tipo de actuaciones, por ejemplo en el caso de Rodolfo Hernández, quien ha sido sancionado en al menos tres oportunidades por sus afirmaciones desobligantes en contra de ciudadanos y funcionarios cuando fue alcalde de Bucaramanga.
En el caso del veedor ciudadano Fernando Martínez Arenas, la Procuraduría señaló que como alcalde tenía el deber de tratar con respeto a la ciudadanía porque es un requisito especialmente exigible a los servidores públicos “en virtud del principio de responsabilidad contemplado en nuestra Constitución y porque se encuentran al servicio del Estado y la comunidad”, precisó el Ministerio Público.
La Procuraduría determinó que “no tratar con respeto a otros con ocasión al servicio constituye falta disciplinaria”, en el caso de Hernández Suárez, por lo que le impuso una suspensión e inhabilidad de cuatro meses. El órgano señaló que cualquier persona debe poder controlar, controvertir o cuestionar las decisiones tomadas por las autoridades, y deben ser respondidas sin recurrir a dinámicas como atentar contra la dignidad, insultar o menospreciar.
La Procuraduría deberá evaluar toda la situación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento entre Quintero y López, para determinar si el insulto constituyó una falta disciplinaria y si a esta le corresponde una sanción en contra del mandatario.
El concejal López señaló que decidió interrumpir la rueda de prensa que estaba dando el alcalde Quintero en el Concejo, porque estaba “empezó a maltratar los concejales, al Centro Democrático, al presidente Uribe y a Fico”. Salió de su oficina y se enfrentó al alcalde. “Cuando yo le dije todo eso ese muchacho se empezó a descontrolar, se descompuso y le salió su esencia”, afirmó el concejal.
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