Debido a los constantes combates que sostienen facciones de grupos armados ilegales en Puerto Asís (Putumayo), específicamente en el corregimiento Piñuña Blanco, por lo menos 2.000 familias se encuentran en situación de confinamiento, según informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).
La crisis ha generado que el organismo de control ponga la lupa en el territorio y, por eso, por medio de una comunicación requirió al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y al ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez, para que indiquen cuáles acciones se han implementado para hacer frente a la problemática. También solicitó información a la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, referente a la activación de un plan para atender la situación humanitaria.
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De acuerdo con el Ministerio Público, esta situación se ha venido presentando desde el 12 de septiembre de 2023 y no solo ha implicado el confinamiento de cientos de familias, sino también el desplazamiento de varias comunidades.
Integrantes de los resguardos indígenas Siona Buenavista y Kwe’sx Yu Kiwe, como también los habitantes de las veredas San Ignacio, El Silencio y Alto Piñuña, además de otras 13, han sido los principales afectados. En total, 421 niños, jóvenes y adultos hacen parte de estas comunidades y requieren de atención prioritaria, según el Ministerio Público.
Los gobernadores de los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco, Mario Erazo y Fredy Piaguaje, respectivamente, y los defensores de derechos humanos Ángel González y María Espinosa informaron sobre esta problemática el pasado 21 de septiembre por medio de un comunicado. En el documento indicaron que son 636 personas de dichos resguardos las que necesitan atención humanitaria urgente, y que entre ellas están los 421 sujetos de especial protección mencionados por la Procuraduría.
“Todas las personas desplazadas se encuentran en el centro del Resguardo Buenavista, en la caseta comunitaria y otras instalaciones, en condición de hacinamiento y falta de acceso a servicios básicos”, precisaron en su momento. Añadieron que las personas adultas no abandonan sus hogares por miedo a saqueos, pero su condición de confinamiento implica riesgos, como que sean señalados por grupos armados o del Ejército Nacional de ser informantes.
Requieren entonces alimentación, implementos de aseo, vestimenta, calzado, elementos para descansar y para cocinar. También necesitan con urgencia atención en salud debido a que se ha presentado un brote de dengue y de afecciones respiratorias y de la piel. Todo esto representa la necesidad de ayuda psicológica prioritaria.
“Exigimos una respuesta inmediata, célere y con enfoque diferencial por parte de las instituciones del Estado colombiano y los organismos de apoyo humanitario, precisando con preocupación que hasta el día de hoy y luego de 6 días de la primera denuncia NO hemos recibido ninguna respuesta estatal ni de organismos humanitarios, ni siquiera para brindar alimentación a niños/as y adultos mayores”, se lee en el comunicado, compartido por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
La información requerida por la Procuraduría
Como consecuencia de acciones violentas perpetradas por grupos armados, 19 familias tuvieron que huir de la vereda Vegas del Piñuña, ubicada en el municipio de Puerto Caicedo, hacia la cabecera de Puerto Asís. De acuerdo con las denuncias de las víctimas, los actores armados ilegales quemaron una de las casas de las familias que se desplazaron de manera forzada.
Por eso, la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz solicitó información sobre la atención que se brindó a 39 personas integrantes de dichas familias. También, pidió al alto comisionado de Paz y al ministro de Defensa indicar si ya se han adelantado acciones para que se permita el ingreso de ayudas humanitarias, brigadas de salud y atención psicosocial al territorio.
Específicamente, solicitó que se informe sobre si existe alguna articulación para ello por parte de la Oficina del Alto Comisionado, el Ministerio de Defensa, la Brigada 27 del Ejército, la Policía Nacional y las autoridades locales.
Por otro lado, requirió a la directora de la Unidad para las Víctimas para conocer cómo avanza la implementación de un plan para hacer frente a la crisis humanitaria, toda vez que, según la Procuraduría, la Alcaldía Municipal de Puerto Asís y la Gobernación de Putumayo no tienen los recursos suficientes para atender la situación.
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