Concierto en apoyo al Gobierno Petro este 27 de septiembre costará más de $200 millones: este es el polémico contrato

El contrato 230 de 2023 que firmó la Presidencia de la República para realizar un concierto generó polémica, porque muchos consideran es un acto político financiado con dinero del Estado

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Foto de archivo. Panorámica de la sede del Congreso de Colombia en la Plaza de Bolívar de Bogotá, Colombia, 19 de julio, 2022. REUTERS/Luis Jaime Acosta
Foto de archivo. Panorámica de la sede del Congreso de Colombia en la Plaza de Bolívar de Bogotá, Colombia, 19 de julio, 2022. REUTERS/Luis Jaime Acosta

El encargado del contrato Presidencia, la entidad Plaza Mayor Medellín, publicó que estaba en búsqueda de una empresa que preste servicios de operación logística, para el concierto “Diálogo Social: Nos Movemos por la Vida”, que se desarrollará el miércoles 27 de septiembre. Según el Gobierno el evento es para “amenizar” la movilización que habrá en la misma fecha.

El concierto organizado por la Presidencia de la República ha generado gran expectación, ya que cuenta con nombres como Aterciopelados, Systema Solar, La 33, La Pacifican Power, Plu con plá, Rap Bang Club, entre otros. Aunque algunos otros lo criticaron por considerarlo una estrategia política.

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Plaza Mayor Medellín, con el propósito de cumplir el compromiso que tiene con la Presidencia de la República de organizar el evento, busca una empresa que cumpla con realizar el montaje y desmontaje del evento, garantizar excelente calidad, entre otros.

La empresa que sea contratada, también deberá brindar servicios de alimentación, que deben cumplir con los más altos estándares de calidad y seguridad. Sin mencionar que, debe asegurar el apoyo permanente del personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato.

Otra de las obligaciones contractuales, tiene que ver con comprometerse a presentar un informe de evidencias fotográficas de los servicios contratados para hacerle seguimiento.

Según dio a conocer Blu Radio, la empresa que presentó la oferta seleccionada según el secop II, se trata de la Fundación Cultura Popular. En la propuesta, incluye desde la instalación de tarimas, sistemas de iluminación y sonido de alta calidad, hasta la prestación de servicios de catering para los artistas.

Además, en la propuesta que presentó la Fundación Cultura Popular, también se aseguró que se le daría a los artistas un variado suministro de alimentos y bebidas, como 10 canastas de fruta, 200 botellas de agua, 100 gaseosas, dulces y snacks.

Se debe mencionar que, se pagará por una estación de café para 800 personas, 50 almuerzos y 200 refrigerios, entre otros servicios por los que se pagarán un total de 239 millones de pesos.

El concierto ya había sido anunciado por medio de las redes oficiales de la Presidencia de la República, este mismo dará inicio el 27 de septiembre a las 11:00 a. m. en la Plaza de Bolívar. Al parecer el presidente Gustavo Petro, dará un discurso una vez finalice el evento.

En cuanto a los artistas invitados, una baja que retumbó entre las personas fue la de Adriana Lucía, cantante que no pudo asistir y se excusó en sus redes diciendo: “Con todo respeto del mundo les comunico que yo no hago parte de este concierto. Actualmente, me encuentro fuera del país cumpliendo unos compromisos musicales”.

Por otro lado, en cuanto a las críticas que ha tenido este evento, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró por medio de un comunicado que es mentira la información que circula por WhatsApp en donde se señala a su cartera de ofrecer Internet a las Juntas de Acción Comunal de veredas en varios municipios de Cundinamarca a cambio de salir a marchar el próximo miércoles.

“No tenemos nada que ver con esa convocatoria y me parece una manera irresponsable si alguien la está haciendo. No es el Ministerio del Interior, entre otras cosas, porque el Ministerio del Interior no entrega Internet”, afirmó Velasco en el comunicado.

En cuanto a todo lo anunciado para acompañar las movilizaciones, dijo: “El Ministerio del Interior, teniendo en cuenta las garantías a la protesta social y la movilización pacífica contempladas en la Constitución Política de 1991, brindará el acompañamiento que esté en el marco de sus competencias y misionalidad como entidad del Gobierno de promover y garantizar los derechos humanos”.

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