Procuraduría pidió mantener acciones de prevención en caso de erupción del Volcán Nevado del Ruiz

El ente de control solicitó a los organismos encargados de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en el departamento, continuar acciones de preparación para la respuesta frente al escenario de riesgo, especialmente, en Dos Quebradas y Santa Rosa de Cabal, municipios ubicados en la zona de amenaza media

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La Procuraduría General de la
La Procuraduría General de la Nación le solicitó a las diferentes entidades encargadas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SNGRD) para gestionar el riesgo de una posible erupción, actualizar las modelaciones y los mapas de amenaza por flujos de lodo y de escombros volcánicos - crédito Luisa González/REUTERS

El volcán Nevado del Ruiz despertó las alarmas de las entidades de control en Colombia por su cambio a estado naranja que declaró el Servicio Geológico Colombiano desde la noche de 30 de marzo de 2023, por lo que se tomaron medidas para evitar un desastre por si se producía una erupción.

Luego de 89 días, el 27 de junio de 2023 el SGC anunció que la inestabilidad del volcán había disminuido por lo que se cambió es estado de alarma a amarillo.

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Pero, aunque ya no se tiene un riesgo latente, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (Cdgrd) de Risaralda y a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (Cmgrd) continuar las acciones de protección en caso de una posible erupción del volcán.

En su comunicado, la Procuraduría advirtió que el retorno a nivel amarillo no significa que el volcán ya no esté activo, puesto que puede volver a incrementar su actividad a naranja o rojo en cualquier momento.

Por eso, el Ministerio Público solicitó a las entidades encargadas de la Gestión del Riesgo de Desastres mantener listas las acciones de preparación para las respuestas ante el escenario del aumento de la inestabilidad del volcán.

Desde la Procuraduría General de la Nación también recalcaron que los municipios de Dos Quebradas y Santa Rosa de Cabal ubicados en Risaralda están en una zona de amenaza media, y aun así, no quedaron priorizados en las acciones de evacuación preventiva.

Uno de los inconvenientes es que estos dos municipios pueden albergar personas evacuadas de las zonas de riesgo en caso de una erupción por lo que la entidad de atención de desastres de Risaralda “sí debe establecer, con ayuda de la UNGRD, los refugios y centros de apoyo logístico necesarios en caso de una erupción mayor”.

Por lo tanto, y para evitar escenarios de riesgo, desde el Ministerio Público le solicitó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres actualizar el censo de población que tendría que ser evacuada, el inventario de posibles sitios de alojamiento y el equipamiento necesario para su funcionamiento.

También, se conoció que la Procuraduría General de la Nación pidió que fueran instalado o que se le haga el respectivo mantenimiento al Sistema de Alerta Temprana (SAT); como también, actualizar los convenios con el cuerpo de bomberos y fortalecer los organismos de socorro.

En abril de 2023, la Procuraduría General de la Nación solicitó a las diferentes entidades encargadas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SNGRD) para gestionar el riesgo de una posible erupción, actualizar las modelaciones y los mapas de amenaza por flujos de lodo y de escombros volcánicos.

Así lo informó el Ministerio Público a través de un comunicado donde explicó que la solicitud se hizo con el fin de permitir a los pobladores y entidades de emergencia “estar preparados frente a las posibles afectaciones a la población e infraestructura, con especial atención sobre el Proyecto Hidroeléctrico Ituango (PHI)”.

Según La Procuraduría General de la Nación, la solicitud se la comunicó al Puesto de Mando Unificado (PMU) que se reunió el 14 de abril de 2023; como también, citó a una reunión técnica con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), a las Empresas Públicas de Medellín (EPM), a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, al Servicio Geológico Colombiano y al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (DAGRAN).

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