Los más recientes atentados contra la población civil en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en los que perdieron la vida dos personas y una decena más quedó herida, despertaron una indignación colectiva en el país. Y todo porque pese al anuncio de un cese al fuego, se siguen registrando hechos que afectan a la comunidad.
Los hechos, atribuidos al Estado Mayor Central (EMC), disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, y que se registraron en las poblaciones de Timba (Cauca) y Jamundí (Valle), tras las explosiones de dos carrobombas, que además de cuantiosos daños materiales dejaron como víctimas a la maestra Luz Stella Balanta y el joven Ardani Álvarez.
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Apenas un día después de que se anunciara la instalación de la mesa de diálogo y la tregua de 10 meses, se reportaron los dos atentados que causaron el malestar generalizado del país. Al respecto, el presidente de la República, Gustavo Petro, indicó que esta ofensiva del grupo armado ilegal respondía a una respuesta ante el ataque de los cultivos ilícitos
“Las acciones del EMC en el Cauca son su respuesta a nuestra ofensiva en el valle del Micay donde se produce el 70% de la hoja de coca del Cauca. Nuestro objetivo se mantiene. El valle del Micay sera el ejemplo de como se sustituye una economía ilícita por una lícita en favor del campesinado”, manifestó el mandatario de los colombianos, luego del ataque a estos municipios del occidente colombiano.
Expectativas del cese al fuego y diálogo con las disidencias
Sobre el particular, Camilo González, jefe negociador del Gobierno con el EMC, se refirió a que la situación que se vive en este territorio no se puede manejar con “desesperación”, pues se debe evitar que “un petardo o una nueva situación nos prohíba llegar a la ruta de la paz”.
En entrevista con EFE, el delegado del Ejecutivo reiteró la importancia de que, al país, con el anuncio del cese bilateral, se le permita “una pausa y un periodo de búsqueda de un acuerdo de paz”. Pero, al tiempo, no ocultó su preocupación por que antes de que se dé el inicio de las negociaciones, sucesos como este se repitan. “No habrá paz sobre la base del temor”, agregó.
“En este periodo, como no hay pacto, se puede esperar cualquier cosa, desafortunadamente (...) esperamos que se vaya disminuyendo la intensidad (de los ataques) para llegar al 8 de octubre en mejores condiciones”, manifestó a esta agencia de noticias.
Desde su perspectiva, si se pone en marcha el cese habrá un “alivio” para la población, que según él contrasta con lo que sucede por estos días, en el que las acciones ilícitas por parte de la organización armada han aumentado, y esto ha causado “mucho impacto para las comunidades”.
Así se llevarán los diálogos entre el Gobierno y el EMC
Por otra parte, González manifestó que la idea del equipo negociador es que la mesa se adelante en un proceso rotativo, que empezaría en el Catatumbo, en Norte de Santander, pero que podría tener presencia en Guaviare y Caquetá. Con la intención de “estar cerca de los pueblos que están muy a la expectativa de alivios y de respuestas”, resaltó.
Aunque con ello no se descarta que pueda efectuarse algún ciclo de las negociaciones en el extranjero. Con lo que respondió a lo que sería la propuesta de las disidencias, que en su momento hablaron de Noruega como sede de los diálogos.
“Vamos a diseñar una metodología itinerante, participativa desde el principio, con una agenda que en todo momento tenga una presencia de la gente, de las comunidades, de los territorios”, manifestó a EFE, con la confianza de que, desde su óptica, la “La paz total no sea solo un decreto”, como se ha señalado por sectores de oposición, aunque tampoco representa que se acabe todo tipo de violencia en Colombia.
De la misma forma, expresó que este proceso de paz debe ser dinámico, con un acuerdo político antes del final del Gobierno de Petro: “No está escrito que los procesos tengan que durar ocho o 10 años”
Al punto que señaló que en el país no habrá un acuerdo de paz si no hay lo que llamó una intervención del Congreso, al igual que una armonización entre las diferentes entidades del Estado, aparte del compromiso de los empresarios y demás sectores de la sociedad y el respaldo de la comunidad internacional.
“Tiene que ser un proceso abierto y eso es lo que queda, la posibilidad de ser efectivamente participativo”, finalizó González, que señaló que existen las condiciones políticas para adelantar las negociaciones, pero resta que las voluntades de las partes se sincronicen.