Toma al Palacio de Justicia: esto dicen los reveladores documentos del departamento de defensa de Estados Unidos que los involucrarían

En noviembre se cumplen 38 años de la toma al Palacio de Justicia en donde Más de 100 personas murieron, incluyendo 11 magistrados de la Corte Suprema de Colombia, varios miembros del Movimiento-19 de abril y civiles.

Pero para esta fecha hay nuevos elementos que ayudan a dar luces sobre lo que pasó: el Archivo de Seguridad Nacional ha publicado documentos estadounidenses desclasificados, que muestran cómo vio esa embajada el paso a paso de la toma y que están citados en el libro de Helena Urán Bidegain, hija del magistrado Carlos Horacio Urán, desaparecido ese mismo día, que podrían contener información crucial sobre la implicación de Estados Unidos en el asalto al Palacio de Justicia.

Urán, ahora asesora especial de la Cancillería colombiana, afirma haber encontrado información relevante en estos registros proporcionados por el Archivo de Seguridad Nacional.

Dichos documentos desclasificados se remontan a tres años antes de la toma. Un cable confidencial de la Embajada de Estados Unidos arrojó luz sobre la relación entre las fuerzas de seguridad colombianas, por una “considerable superposición de esfuerzos y conflictos potenciales” entre la policía y el Ejército de la época, lo que indicaba una coordinación deficiente en la lucha contra el terrorismo, según el documento, que también asegura que, en la práctica, el Ejército colombiano solía asumir el control contra la lucha terroristas, desplazando a la policía.

Según el informe, personal estadounidense estaba en contacto con al menos dos personas dentro del edificio, incluido alguien en la oficina de la Corte Suprema.

El informe también señalaba que un alto funcionario de inteligencia militar colombiano afirmó que las fuerzas colombianas habían sorprendido a los militantes del M-19 al inicio de la operación y ahora estaban a cargo de la situación, a pesar de los continuos disparos.

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A medida que avanzaba la tarde del 6 de noviembre, la Embajada recibió informes sobre el asalto militar inicial al edificio, que tuvo lugar apenas unas horas después de que el M-19 tomara el control. Se informó que el presidente Betancur había dado luz verde a los militares, instándolos a tomar medidas decisivas para resolver la situación lo más rápido posible.

El informe adicional indicaba que Colombia había solicitado asistencia militar a Estados Unidos alrededor de las 4 de la tarde y que Estados Unidos estaba enviando un avión C-130 a Bogotá, programado para llegar esa noche a las 8:30 de la noche.

En medio del caos, uno de los aspectos más destacados del informe fue que el presidente del Tribunal Supremo, junto con otros 10 rehenes, se encontraba escondido detrás de una puerta metálica en el Palacio de Justicia. La situación era extremadamente peligrosa y complicada.

Un informe posterior, presentado a última hora de ese día por el agregado militar estadounidense (se desconoce la hora exacta), reveló que las fuerzas de seguridad colombianas habían recibido una advertencia de inteligencia más de una semana antes de que el Palacio de Justicia fuera identificado como un posible objetivo del M-19.

Según la embajada, esta advertencia había llevado a una acción rápida por parte de las fuerzas de seguridad, que interceptaron y detuvieron dos camiones que transportaban armas y partidarios del M-19.

El informe concluía que el gobierno colombiano estaba adoptando una línea dura en esta situación, pero la tragedia y el caos en el Palacio de Justicia seguían sin resolverse.

Para empeorar las cosas, se habían disparado cargas explosivas contra el Palacio, seguidas de intensos disparos contra la fachada del edificio por parte de vehículos blindados. Otra carga explosiva se detonó dentro del edificio después de que unos 50 soldados irrumpieran en la entrada, dice el documento.

La situación era desesperada, y un oficial del ejército colombiano le dijo al equipo de asistencia estadounidense que habían tomado la decisión de poner fin a la situación esa misma noche (se desconoce la identidad del oficial).

Alrededor de las 8 de la noche del 7 de noviembre, las fuerzas de seguridad colombianas luchaban contra el intenso calor de los incendios, lo que dificultaba sus esfuerzos para retomar el palacio. En medio de esta dificultad, se solicitó a Estados Unidos la disponibilidad de 12 trajes de asbesto para su uso dentro del edificio dañado por el incendio, lo que reflejaba la magnitud del desastre.

Un resumen posterior del episodio, proporcionado por la Embajada de Estados Unidos, informó sobre las muertes del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, y de la magistrada María Inés Ramos, a manos del líder del M-19, Andrés Almarales. Además, se indicó que todos los guerrilleros sobrevivientes habían sido tomados prisioneros.

A pesar de la tragedia que se desarrollaba en el Palacio de Justicia, los documentos relataron que un coctel previsto para la tarde del 7 de noviembre en la Embajada soviética transcurrió según lo previsto. Cuando un funcionario estadounidense preguntó si el aumento de la seguridad en el evento reflejaba la crisis en curso, un funcionario soviético reconoció que la embajada soviética no era un objetivo principal.

Según el informe confidencial, los propios soviéticos también tenían información sobre una posible toma al palacio de justicia (se desconoce la identidad del funcionario estadounidense y del funcionario soviético).

Los informes de los diplomáticos estadounidense cuentan sobre la evaluación inicial que ellos hacían y que sugería que Betancur saldría fortalecido, pero la realidad fue diferente. La decisión de lanzar un ataque militar generó una reacción mixta en el país. Muchos expresaron su apoyo al enfoque de línea dura del presidente, mientras que otros, incluidos 30.000 empleados judiciales sindicalizados, convocaron una huelga en protesta por la negativa del gobierno a negociar la liberación de los rehenes.

La poca disposición de Betancur a llegar a un acuerdo con el M-19 probablemente se debió al temor de que cualquier cosa que no fuera una reacción a gran escala hubiera empeorado las relaciones con los militares con el Gobierno nacional.

El análisis de la Embajada sugirió que el M-19 buscaba principalmente publicidad para criticar al gobierno y promover su causa.

Sin embargo, el ejército colombiano respondió con un contraataque masivo que dejó un saldo trágico: todos los guerrilleros murieron, junto con 15 de los 24 magistrados de la Corte Suprema y unas 55 personas más.

En los días posteriores a la toma del Palacio de Justicia, la Embajada de Estados Unidos evaluó la situación de seguridad interna de Colombia. Previó un giro cíclico hacia la derecha en la política colombiana, una mayor dependencia de la acción militar para restaurar el orden público y una posible solicitud de un aumento en la asistencia de seguridad de Estados Unidos.

Aunque estas perspectivas se consideraron favorables para Estados Unidos, también planteaban preocupaciones sobre la dirección futura del país y la radicalización de la extrema derecha totalitaria como gobierno.

Una de las cuestiones más intrigantes que surgieron en medio de esta crisis fue la toma de decisiones detrás del ataque militar al Palacio de Justicia.

La representación diplomática de Estados Unidos en Colombia señaló que a muchos les resultaba difícil creer que Betancur, conocido como un hombre de paz infinitamente paciente, ordenara la reconquista del Palacio de Justicia y aceptara la casi certeza de la muerte de los rehenes.

Surgieron teorías alternativas que sugerían una fuerte presión por parte de los militares sobre el presidente. Sin embargo, la Embajada considera que el proceso de toma de decisiones fue más complejo y típicamente colombiano de lo que parecía a simple vista. La mayoría de los líderes principales del país, incluido Betancur, coincidieron en que las negociaciones habrían dañado inaceptablemente la legitimidad y el respeto público del gobierno.

La Embajada no tenía motivos para creer que Betancur y sus generales estuvieran alguna vez en lados opuestos durante la toma de decisiones.

La Embajada también sospechaba que parte de la propaganda de izquierda política, sobre las provocaciones de las fuerzas de seguridad y los complots contra el proceso de paz podría contener algo de verdad. O, por lo menos, que algunos militares podrían estar provocando enfrentamientos con la guerrilla.

Esta sospecha planteó dudas sobre la sinceridad de los esfuerzos de paz y señaló que algunos miembros del ejército habían anticipado el fracaso del proceso de paz y el giro de la opinión política hacia tácticas más contundentes contra los insurgentes.

En su momento, la toma del Palacio de Justicia dejó secuelas duraderas en Colombia. El ejército colombiano podía asumior una posición más fuerte contra todas las guerrillas, (excepto las FARC, con quienes había negociaciones en curso, y más una vez Betancur dejara el cargo en solo nueve meses.

Según estas informaciones, los líderes militares esperaban que la administración de Estados Unidos bajo Ronald Reagan sería más indulgente con su enfoque en la lucha contra la insurgencia.

En última instancia, un panel de jueces concluyó que el presidente Betancur había actuado dentro de sus poderes presidenciales al ordenar un contraataque militar, pero también determinó que debería haber establecido un diálogo con los atacantes.

Sin embargo, el informe no aclaró por qué se retiró la protección militar y policial del Palacio el día del ataque, y no pudo probar los rumores generalizados de que la toma del edificio fue una conspiración entre el M-19 y narcotraficantes del Cartel de Medellín.

A pesar de todos los esfuerzos por entender los detalles detrás de esta tragedia, la Embajada comentó que el ataque al Palacio de Justicia se convertiría en uno de los grandes misterios de la historia colombiana y en el objeto frecuente (pero probablemente infructuoso) de los teóricos de la conspiración.