Una nueva polémica genera los movimientos financieros que se han ejecutado en la Procuraduría General de la Nación. Según se conoció en las últimas horas, desde la entidad se han autorizado 30.000 millones de pesos para remodelar y comprar mobiliario en diferentes sedes en los últimos tres años. Sin embargo, existen inconsistencias en dichos contratos, ya que varias de las sedes que entraron en reparación, habían sido remodeladas en 2020, un año antes de que Margarita Cabello se hiciera cargo del Ministerio público.
Lo que más llamó la atención fueron las obras que se aprobaron para el piso 15 de la sede central del ente de control, al que se han cambiado pisos, guardaescobas, muebles y lámparas, a pesar de que dichos elementos no tuvieran más de dos años de ser instalados, según unos documentos publicados por Cambio.
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Y es que la millonaria cifra representa el triple de los gastos ejecutados en los últimos seis años ante de que Cabello se convirtiera en la procuradora general. En el caso del piso 15, las incongruencias comenzaron en septiembre de 2022, cuando se evacuaron a todos los empleados para realizar un cambio de piso en madera laminado, a pesar de que en el mismo mes de 2020 se adelantó una remoción de un piso de vinilo para agregar láminas de manera.
Cuenta la investigación del medio citado, que los elementos que se retiraron en ese momento fueron declarados escombros y desechados según la norma vigente con ese tipo de materiales, aunque se desconoce el estado real de dicho piso que solo estuvo dos años instalados. Algo similar ocurrió con los guardaescobas, los muebles y algunas lámparas LED instalados en 2020, que también fueron desechados y reemplazados por artículos nuevos.
Incluso varios funcionarios de esa edificación rechazaron que se arrojaran a la basura elementos que estaban en muy buenas condiciones, sin que se dieran mayores explicaciones de lo ocurrido. Pero ese no sería el único caso en el que se han hecho remodelaciones injustificadas por parte del ente de control, según mostró la investigación.
En otros pisos del edificio central también se han adelantado trabajos para cambiar elementos y modificar la estructura, según han denunciado varios funcionarios que allí laboran. “Cambiaron techos que no tenían problema, muebles que no tenían daños y lámparas funcionales. No sabe uno dónde queda la austeridad”, señaló un trabajador para Cambio.
De hecho, se conoció que actualmente existe un contrato por 11.335 millones de pesos para el mantenimiento de la sede central y algunas otras de Bogotá y el resto del país, que sería uno de los acuerdos más costosos que haya firmado esa entidad en los últimos 10 años. En total, durante los tres años en los que Margarita Cabello ha estado al mando, se han firmado tres millonarios contratos para mantenimiento de las sedes: uno por 6.111 millones en 2021; en septiembre de 2022 se aprobó otro documento por 6.499 millones y uno más que inició en mayo de 2023 por más de 11.000 millones.
Haciendo un comparativo con los contratos ejecutados entre 2014 y 2020, en total se utilizaron 8.700 millones por concepto de mantenimiento de las edificaciones de la Procuraduría, que incluyó cambio de mobiliario y otras reparaciones locales. Sin embargo, en agosto de 2022 se firmó otro acuerdo por 6.000 millones para reemplazar gran parte de los muebles a nivel nacional, argumentando que dicho mobiliario era obsoleto y ya había cumplido más de 10 años de servicio, por lo que se hacía más que necesario su reemplazo.
Pero la justificación no sería del todo cierta, puesto que, en el caso de la sede central, días antes de que Cabello llegara a su nueva, se había comprado sillas, mesas y poltronas y lo mismo sucedió en otras instalaciones de la capital y el país.