Hacinamiento en centros de detención transitoria es una bomba de tiempo: Defensoría del Pueblo

Desde Valledupar (Cesar), el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, advirtió, luego de una visita a la estación de policía La Permanente, que el hacinamiento en los centros de detención transitoria (CDT) “es una bomba de tiempo” y que los privados de la libertad sufren vulneraciones y falta de garantías de derechos que han generado, incluso, problemas de orden público que han afectado a las comunidades aledañas. Este fenómeno no es solo se ha registrado en Valledupar, sino en todo el país.

“El principal problema es el hacinamiento que incrementa la vulneración de los derechos humanos y los mínimos vitales como la alimentación y la salud de los privados de la libertad, eso genera que los detenidos tengan comportamientos agresivos. Por meses hemos registrado que las estaciones de policía y las URI no reúnen las condiciones para una vida en reclusión y existen altos niveles de hacinamiento que como en el caso de la Estación de Policía El Terron en Cali supera el 4000%”, explicó la entidad.

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En este lamentable escalafón, si se quiere, Maicao (La Guajira) ocupa el segundo lugar con un 3.480% de sobrepoblación; le siguen la estación de Piedecuesta (Santander), con 2950% de hacinamiento; San José en Barranquilla (2.833%); Junín en Cali (2.550%); La Hormiga Putumayo (2.350%); El Lido en Cali (2.240%), CAI Aguaclara en Tuluá (2.060%), Sultana en Cali (1.950%) y Mariano en Cali (1.940%).

En el departamento del Cesar las estaciones de Policía más hacinadas son la estación de Becerril con 1450% de sobre población, seguido de Gamarra (1000%); Aguachica (827%) y La Permanente en Valledupar con (614%); la cual duplica el promedio de hacinamiento (309%) en los CDT en este departamento.

Desde la Defensoría del Pueblo han insistido en que los centros de detención transitoria no están diseñados estructuralmente para albergar personas privadas de la libertad por tiempo superior a 36 horas, pero en las estaciones de Policía y en las URI algunos privados de la libertad están recluidos por meses, incluso, allí permanecen personas condenadas que deberían resarcir su pena en centros de reclusión.

También recordaron cómo en mayo se presentó un motín en la estación de Policía La Permanente de Valledupar (Cesar), que dejó un saldo de 35 heridos y quedó en evidencia el riesgo para los vecinos. Mientras que en Bogotá, en agosto, se registró la fuga de 34 detenidos en la estación de Teusaquillo, allí resultaron heridos un policía y un detenido.

Esta semana, seis privados de la libertad se escaparon por un hueco que cavaron en una de las paredes de la estación de policía de Sahagún, Córdoba. Casos como estos ocurren frecuentemente en el país.

Además de las vulneraciones a los derechos de los presos, la Defensoría del Pueblo advierte que los uniformados de la Policía, que no tienen entre sus funciones misionales de guardia y custodia y que no están entrenados para este tipo de tareas, también corren riesgos a su integridad física y la vida.

Para mitigar estas irregularidades, la Defensoría del Pueblo ha venido implementando una estrategia entre diferentes las Defensorías delegadas, direcciones y las 42 regionales, con apoyo de los entes territoriales y entidades nacionales como INPEC y Policía Nacional.

Esta estrategia contempla brigadas integrales de atención en los centros de detención transitorios, que están dirigidas a brindar servicios de salud y odontología, asistencia jurídica, atención y trámite de quejas y charlas en promoción y divulgación de DD. HH., con esto se han logrado concretar traslados a cárceles y penitenciarias para personas privadas de la libertad con situación especial de reclusión, entre ellos, altos perfiles criminales, enfermedades graves, madres gestantes y adultos mayores, con el propósitos de deshacinar parcialmente estos lugares.