El reconocimiento del crimen conocido como falsos positivos por parte de varios miembros de la Brigada XVI abrieron la puerta a más cuestionamientos a la política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe. El exmandatario y una de sus principales alfiles en el Congreso, la senadora Paloma Valencia, salieron en su defensa y arremetieron en contra de la JEP y del general Henry William Torres Escalante.
Los militares de Brigada XVI, como el comandante de esa unidad del Ejército Nacional en Casanare, el entonces coronel Torres Escalante, reafirmaron la tesis de la JEP de que las presiones “permanentes” por resultados en la cadena de mando y los beneficios otorgados por bajas fueron caldo de cultivo para que se incrementaran las cifras a través de ‘falsos positivos’.
Ante las declaraciones, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia salió a cuestionar a la JEP. “Un general que reconoce haber asesinado civiles debe estar en la cárcel; sin más cuestionamientos. Es inaceptable que con semejante confesión quede impune. La JEP es un lavadero de crímenes, con una confesión y untando a otros quedan libres. No hay derecho”, señaló la congresista.
Valencia se sumó a la reacción del expresidente Álvaro Uribe, quien también señaló que “el diseño de la JEP estimula, en aras de la libertad, a reconocer incluso delitos no cometidos”. La congresista resaltó que desde el Centro Democrático se opusieron a la creación del tribunal especial e incluso señaló que es ilegítimo.
La senadora opositora también publicó en medio de sus críticas, una fotografía en la que aparentemente el general Torres Escalante disfruta de su libertad, otorgada por el aporte a la verdad en la JEP, en una playa de Santa Marta.
“Quien cometió un falso positivo asesinando civiles debe podrirse en la cárcel, como en la cárcel deben estar los guerrilleros que cometieron delitos de lesa humanidad. La JEP es un lavadero de crímenes. Aquí está el general Torres en diciembre pasado gozando en Santa Marta y los otros en el Congreso”, escribió la senadora.
Si bien es cierto que la Jurisdicción Especial para la Paz no contempla medidas privativas de la libertad a cambio del reconocimiento y aporte a la verdad, sí contempla sanciones en contra de los máximos responsables de crímenes, como el caso del general Torres Escalante. Luego de sus declaraciones y los comentarios de las víctimas al respecto, el tribunal debe proceder a formular las acciones con contenido reparador que deberá cumplir.
El general, que se convirtió en el militar de más alto rango en reconocer su responsabilidad en los falsos positivos, señaló que fueron las exigencias de las víctimas las que lo “llevaron a enfrentar la verdad que en muchas veces había negado y reconocer el daño causado”.
Además reconoció que en los procesos de la justicia ordinaria trató de disfrazar la verdad, incluso a través de la entrega de ayudas a un teniente que lo relacionaba con un caso ocurrido en Cuneque, municipio de Támara, Casanare, donde dos labriegos asesinados por militares fueron presentados como supuestos guerrilleros. “El hecho de que no estuviera al tanto de la planeación y ejecución de las muertes no excluye mi responsabilidad”, aseguró Torres Escalante.
El expresidente Uribe Vélez sostuvo en su reacción a las declaraciones del general que ordenó investigaciones de las quejas que conoció como mandatario. Sin embargo, en su comparecencia Torres Escalante señaló que él contaba con atribuciones penales y disciplinarias que cumplía de forma mecánica para no mermar el ímpetu de la tropa.
“A pesar de haber ordenado las investigaciones para indagar sobre el contenido de las quejas, ninguna de estas investigaciones arrojó resultados concretos y definitivos. Muchas, por no decir todas, facilitaron la impunidad de las ejecuciones extrajudiciales de personas inocentes. La ineficacia de estas investigaciones generó confianza y motivación adicional para que miembros bajo mi mando”, señaló.
Ante los cuestionamientos del Centro Democrático, el presidente de la JEP magistrado Roberto Vidal, invitó en W Radio a Álvaro Uribe y cualquier persona a conocer cómo se llevan los proceso y aportar verdad, en caso de que consideren que cuentan con información valiosa. Además señaló que todo lo dicho ante el tribunal es contrastado con diversas fuentes y el caso de Casanare lleva cinco años de investigación.