Excomandantes de las Farc aceptaron ante la JEP su responsabilidad en múltiples secuestros

Los 10 excomandantes del Comando Conjunto Central de las Farc fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por el caso 01, relacionado con la toma de rehenes, secuestros, entre otros. Debido a esto, los antiguos miembros del extinto grupo subversivo compartieron una carta en la que aceptaban su responsabilidad en los actos descritos por el tribunal.

Esta será la primera de las siete imputaciones regionales por secuestro que hará el tribunal, mostrando así avances en su labor.

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Hace algunos días, se dio a conocer que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), había imputado a 10 firmantes del acuerdo de paz para responder por 64 secuestros, la mayoría con propósitos de extorsión. Los excomandantes de las Farc realizaban estas actividades, en el Tolima, Huila y Quindío.

Después de algún tiempo, estos exmiembros de las Farc reconocieron su responsabilidad por medio de una carta, en lo descrito en la auto 01 de la JEP. En esta aseguran que su compromiso con la construcción de paz es “inquebrantable”.

“Nosotros, los exintegrantes del Comando Conjunto Central de las antiguas FARC-EP, en calidad de comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz y en consonancia con nuestro inquebrantable compromiso con la paz de Colombia, deseamos informar a la opinión pública nacional e internacional que hemos radicado nuestra respuesta al Auto 01 de 2023 ante la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad”, expusieron por medio de la misiva.

El caso 01 en el contexto de la JEP hace referencia a las acciones de las extintas Farc relacionadas con la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes por la desaparecida guerrilla.

En la carta también dejan en claro que su participación en este tipo de crímenes en la zona central del país fue activa y constante. “Esta respuesta se enmarca dentro de nuestra participación activa y constante en todos los escenarios dispuestos por la Jurisdicción Especial para la Paz para el desarrollo del Macrocaso 0 l, orientado a investigar y sancionar las conductas de toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad”, precisaron.

Adicionalmente, mencionaron que desde que empezó todo su proceso con la JEP han participado de manera comprometida en la construcción de la verdad: “Hemos participado de manera comprometida en diversos escenarios de contribución a la verdad, de los que se destacan dos versiones colectivas, tres jornadas de versiones voluntarias orales y la realización de ocho versiones individuales. Estos aportes, sumados a la indispensable participación de las víctimas y a la revisión y contrastación de fuentes, derivaron en la expedición del Auto No. 0 1 el pasado 4 de julio de 2023, con el que la Sala dio detalle sobre los hechos y conductas que se nos atribuyen”.

En ese sentido, en el documento agregan que “haciendo uso del plazo determinado para dar una respuesta a esta providencia, nos dimos a la tarea de trabajar colectivamente y de forma muy juiciosa en la construcción de una respuesta clara, completa, profunda y restaurativa, que cumpla con la verdad de lo ocurrido y que contribuya a aliviar el dolor que indujimos en las víctimas de secuestro”.

Finalmente, en la carta reconocen los crímenes que cometieron y aclararon que sus actos se desarrollaron en el departamento del Tolima, pero en los casos del Huila y de Quindío fue en varios municipios.

“De esta manera, ante lo determinado por la Sala en el Auto 01 de 2023, los comparecientes que fuimos imputados queremos expresar que reconocemos todos nuestra participación y nuestra responsabilidad en la toma de rehenes y crímenes concurrentes cometidos durante el tiempo en que operamos como Comando Conjunto Central en el departamento del Tolima, así como en varios municipios del Huila y del Quindío, adhiriéndonos de esta manera al proceso de reconocimiento ya adelantado por el último Secretariado de las antiguas FARC­ EP. Este reconocimiento se hace tanto en relación con las conductas propias de la ejecución de las políticas de secuestro establecidas dentro de la antigua organización, así como por la omisión del deber de controlar y sancionar los malos tratos que atentaron contra la dignidad de los y las secuestradas durante su cautiverio”, explicaron.