El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha realizado una seria denuncia desde el Congreso y ante los medios de comunicación, alegando la existencia de un supuesto cartel que habría “robado” 20 billones de pesos en los últimos 20 años.
Quintero afirma que este grupo opera tomando el control de empresas y llevándolas al borde de la quiebra para luego transferirlas al sector privado, y que su lucha es por proteger el dinero público y a la ciudadanía.
El alcalde mencionó nombres clave en su denuncia, incluido el expresidente Álvaro Uribe, con quien mantiene una prolongada disputa política.
El alcalde Quintero señaló la presencia del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) en las juntas directivas de Tigo durante los últimos cuatro años y afirmó que esta operación se ha repetido de manera sistemática: adquieren empresas, devalúan su valor y luego buscan capitalizarlas, lo que resulta en una dilución y una pérdida para el sector público.
Quintero enfatizó que fue elegido alcalde para proteger los fondos públicos y no permitir su disipación o regalo. Ha intentado en múltiples ocasiones recuperar estos recursos en el Concejo de la ciudad, pero asegura que el partido de Uribe ha bloqueado estos esfuerzos.
Para él, lo que sucede con Tigo-UNE es similar a lo que ocurrió con Hidroituango: una operación planificada y orquestada para su beneficio.
El alcalde expresó su preocupación de que EPM, una empresa exitosa de la ciudad, esté perdiendo recursos en Tigo-UNE. Pidió a los congresistas que impidan que esto suceda y solicitó a la Procuraduría investigar a Tigo por su aparente ausencia injustificada en esta diligencia.
También señaló que el Ministerio de las TIC y la Superintendencia de Sociedades podrían considerar una posible reorganización de Tigo.
Calificadoras de riesgo preocupadas con la situación de Tigo
Tigo tiene obligaciones por 235.000 millones de pesos que vencen en octubre, pero solo dispone de 43.000 millones de pesos de liquidez, que corresponden al cierre de junio.
Este panorama preocupa a agencias calificadoras de riesgo como Fitch Ratings, que ya redujo la nota de la compañía de telecomunicaciones por las deudas que acumula y las posibilidades de impago.
Así lo pudo establecer el diario La República, que además encontró que la firma BRC Ratings también redujo la calificación de Tigo ante las deudas que acumula y por la incertidumbre alrededor de su proceso de capitalización por parte de sus accionistas como alternativa para salvarse de la difícil situación financiera por la que atraviesa.
Justamente, las juntas directivas de EPM (dueña del 49,99% de Tigo) y Millicom (dueña del 49,98%) se reunirán el jueves 21 de septiembre para decidir cómo se llevará ese proceso.
Para lograr la capitalización serían necesarios US$150 millones (600.000 millones de pesos) que deberían ser invertidos por sus accionistas en partes iguales (US$ 75 millones cada uno), pero ya EPM anticipó que no está dispuesto a invertir tal cantidad.
Entre tanto, Tigo emitió un comunicado el lunes para dar tranquilidad a sus usuarios de que el servicio no se dejará de prestar.
Por eso, resaltó que en el último mes su tráfico de red móvil y de voz crecieron 3 % y 6% respectivamente, y también indicó que su base de usuarios se incrementó en un 21%, así como los servicios digitales para empresas y gobiernos, que crecieron 35% en comparación con agosto de 2022. Incluso recordó que se han invertido más de $US 100 millones en “despliegue y mantenimiento de nuestras redes”.