La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y a otras ocho personas por su presunta responsabilidad en el caso de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht.
De acuerdo con el ente acusador, los investigados habrían suscrito el otrosí No. 5 al contrato de Concesión No. 007 de 2010, para la elaboración de los estudios y diseños de la tercera fase del proyecto Ruta del Sol, el cual contempla un segundo puente entre los municipios de Plato (Magdalena) y Zambrano (Bolívar).
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El actual director nacional de la ANI, Germán Edmundo Córdoba Ordóñez, que para 2014 fungía como vicepresidente ejecutivo de la entidad, también deberá responder por su participación en el contrato.
Además, los miembros del Comité Asesor de Asuntos Contractuales: Margarita Montilla Herrera, gerente de asesoría legal de contratación y delegada del presidente en el comité asesor; Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, vicepresidente de estructuración; Poldy Paola Osorio Álvarez, vicepresidente de planeación, riesgos y entorno; Andrés Figueredo Serpa, vicepresidente de gestión contractual; Juan Gabriel Cisneros Llanos, gerente técnico; Eggna Dorayne Franco Méndez, líder de seguimiento y supervisora del proyecto Ruta del Sol III; y Alberto Barajas Nova, director del consorcio Ruta del Sol, empresa que ejercía la interventoría del Contrato de Concesión No. 007 del 2010.
Los procesados fueron imputados por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El 17 de agosto de 2023, la Fiscalía había anunciado que imputaría a Andrade por su coautoría en las presuntas irregularidades en seis adendas del contrato para la construcción de la carretera Ruta del Sol II.
Ante el anuncio del ente judicial, Andrade aseguró que este lo está “castigando” por haber denunciado irregularidades de los socios de Odebrecht.
En su momento, indicó además que “genera enorme preocupación” que la Fiscalía haya cerrado el caso y archivado las investigaciones en el caso del Grupo Aval, a pesar de las graves revelaciones que han hecho las autoridades de Estados Unidos.
Grupo Aval está a cargo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, accionista mayoritario de Corficolombiana, empresa vinculada con los sobornos pagados por Odebrecht para que se le adjudicara el contrato de construcción de la Ruta del Sol II, una carretera que iba a unir el centro con la costa Caribe.
Sin embargo, el 19 de septiembre de 2023, el Gobierno nacional hizo oficial su petición de abrir investigación contra los directivos de este conglomerado.
El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, envió una carta dirigida a Javier Fernández, fiscal tercero ante la Corte Suprema de Justicia, considerando que las indagaciones contra Luis Carlos Sarmiento Angulo y su hijo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez deben desarchivarse.
De acuerdo con el Gobierno, se encontraron nuevos elementos probatorios que advierten que se habrían presentado irregularidades en la adjudicación de la Ruta del Sol II a través del tramo Ocaña-Gamarra.
Primero, el statement of facts suscrito entre la División de Fraudes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Oficina del fiscal General de Distrito de Maryland y Corficolombiana, en el cual se aceptó por parte de la corporación haber participado en el esquema de sobornos de Odebrecht.
Además, la entrevista que dio el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo a Cambio, en las que afirmó que Luis Carlos Sarmiento Angulo y su hijo Sarmiento Gutiérrez, participaron en la licitación de Ruta del Sol II.
Y finalmente, la presunta confesión del señor Otto Nicolás Bula ante una fiscal de la Dirección Especializada Contra la Corrupción, a quien ya le había dicho sobre la vinculación de los señores Sarmiento Angulo y su hijo Sarmiento Gutiérrez con los hechos objeto de investigación.
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