General (r) Henry Torres Escalante se convirtió en el oficial de más alto rango en aceptar responsabilidad en ‘falsos positivos’

Luego de 10 horas de audiencia de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra 21 exmilitares que participaron en la comisión de falsos positivos en Casanare mientras estuvieron adscritos a la XVI Brigada del Ejército Nacional, el general (r) Henry William Torres Escalante, entonces comandante de esa unidad, aceptó su grado máximo de responsabilidad en estos crímenes extrajudiciales cometidos entre 2005 y 2006.

Durante su intervención, el exmando no solo advirtió su intervención en aproximadamente 146 crímenes contra civiles que después fueron presentados como bajas en combate, sino que también describió la forma en que daba las órdenes a sus subalternos para esas ejecuciones.

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Incluso mencionó los nombres de otros comandantes que entregaban órdenes a las tropas de presentar más bajas operacionales a pesar del debilitamiento de las guerrillas y la desmovilización de grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“Las cuadrillas de las Farc y el ELN estaban muy debilitadas, parcialmente derrotadas, pero ni el comandante de la División, mayor general Guillermo Quiñones, quien aumentó las metas para cumplir durante ese año en cuanto a muertes, capturas y desmovilizados, ni yo como comandante de la Brigada, tuvimos en cuenta esa situación; por el contrario (...) Me limité a ordenar el cumplimiento de esa orden incrementando las metas a mis unidades subalternas”, explicó Torres Escalante.

Durante los dos días de diligencia (lunes 18 y martes 19 de septiembre), el general retirado fue mencionado por varios de los soldados profesionales y suboficiales que comparecieron ante las víctimas y la magistratura desde Yopal.

Uno de ellos, el teniente (r) Marco Fabián García, dijo que Torres Escalante le había entregado 45 millones de pesos para cambiar en la JEP la versión entregada en un primer momento ante la justicia ordinaria.

Dicha conducta fue admitida por Torres. “Debo reconocer que soy responsable de haber entregado el dinero que dice el teniente García cuando se encontraba detenido en el CRM, eso fue para los años 2013 y 2014. Lo hice sabiendo que estaba cometiendo un acto ilegal”.

A pesar de esta confesión, el compareciente dijo que esa suma fue ofrecida porque el teniente (r) había entregado un falso testimonio en la jurisdicción ordinaria, el cual derivó en su captura mientras estaba en servicio. “La intención mía nunca fue que el teniente mintiera, sino que dijera la verdad de los hechos como habían sucedido”, explicó al respecto.

Más adelante, mencionó que hubo una “guerra jurídica” que, según su testimonio, tenía como primer propósito bajar “el ímpetu” de las operaciones militares. Esa versión era entregada desde el Comando General del Ejército y el general (r) Mario Montoya.

En medio de la declaración del general (r), familiares de los civiles asesinados por tropas bajo su mando reclamaron que este no aceptara su responsabilidad en los crímenes contra Daniel Torres Arciniegas y Roque Julio Torres.

“Me siento realmente ofendida de que usted se pare ahí a decir que no dio la orden de asesinar a mi padre y a mi hermano, cuando usted le dijo al señor Fabián —García— textualmente probablemente ellos no estén armados, lleve las armas que utilizamos para estos casos”, respondió Yohana Torres, hija y hermana de los presentados como bajas en combate.

Luego de esta confrontación, describió que en para la época (2005-2006) el gobernador encargado Heli Cala López encabezaba con mandos militares las Juntas de Inteligencia Semanal (contempladas dentro de la política de seguridad democrática y el Ministerio de Defensa) en las que se hablaba de pago de recompensas por información que permitiera la captura de cabecillas de grupos guerrilleros o entregas de armamento.

“Tuvimos varias veces en la jurisdicción de la Brigada la visita del señor presidente, Álvaro Uribe, donde estaba la población en firme y las autoridades responsables de la seguridad en el departamento. Las personas se quejaban todo el tiempo por la seguridad y él daba instrucciones de forma dura (...) Decía que si no podíamos con el cargo, pues que avisáramos para que pudiera gestionar un relevo. Entonces eso era presión por el cumplimiento”, agregó el general (r) sobre la responsabilidad de mandos civiles en los crímenes extrajudiciales.

La audiencia fue suspendida y continuará el miércoles 20 de septiembre desde las 9:00 a. m. en Popayán, con otras observaciones de víctimas y la respuesta de la magistratura de la Sala de Reconocimiento de Verdad.