Defensoría confirmó el abuso sexual de una indígena por parte de un militar en Tierralta: “Lo ocurrido no fue un hecho aislado”

Luego de los hechos ocurridos en Tierralta, donde una comisión investigadora fue atacada cuando se dirigía al municipio Córdoba, el 13 de septiembre de 2023, la Defensoría del Pueblo hizo presencia en el lugar y encontró graves violaciones a los derechos humanos.

La entidad recepcionó lo expresado por las comunidades del municipío, las cuales señalaron que los excesos de integrantes de esa fuerza militar no son nuevos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

“Lo ocurrido en Bocas del Manso a inicios de la semana anterior no fue una situación aislada, son hechos reiterados en esa zona del departamento de Córdoba, así lo denunciaron sus habitantes a nuestra comisión de la Defensoría del Pueblo, que estuvo haciendo verificación de derechos humanos durante varios días en el lugar”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Además, confirmó el caso de abuso sexual contra una mujer indígena por parte de un militar del Ejército:

“(...) fue confirmado por la comunidad. A causa de lo sucedido, cuyo victimario, dicho por ella, fue un integrante del Ejército, nuestro equipo defensorial activó la ruta psico-jurídica para darle el acompañamiento necesario; además, el hecho fue denunciado en una fiscalía seccional del departamento”.

Pero lo más grave del asunto, es que en Tierralta la comunidad indígena del resguardo Alto Sinú, perteneciente al pueblo embera katío, también manifestó haber sido víctima, el mes anterior, de lo que serían vulneraciones a sus derechos cometidos por militares.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, dicha comunidad indicó sentir temor cada vez que los militares patrullan por la zona. Las quejas recibidas por la población apuntan a la vulneración de lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), según la entidad.

La Defensoría del Pueblo logró establecer que en el municipio de Córdoba se efectuaron violaciones a los derechos humanos ante la presencia de actores armados ilegales, lo que podría generar un desplazamiento de grandes proporciones.

Dentro de las situaciones que encendieron alerta para la entidad está que la educación de niñas, niños y adolescentes de la zona se encuentra suspendida. A ello se suma que no cuentan con la infraestructura adecuada para recibir las clases.

Además, solo hay un médico tradicional de una etnia indígena y una enfermera empírica como personal humano para atender a la comunidad, y el dispensario habilitado por los mismos lugareños, carece de medicamentos.

Ante esta situación, la comunidad pidió se realicen jornadas de atención en salud y se suministren medicamentos que puedan contrarrestar los efectos de enfermedades variadas, entre ellas, el paludismo.

Finalmente, los pobladores pidieron acceso a las tierras, puesto que al estar asentados en una zona de reserva natural, como el parque Nacional Natural Paramillo, hay restricciones para cultivar y trabajar. Solicitaron la instalación prioritaria de una mesa de trabajo con representantes de la Agencia Nacional de Tierras, del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), del Ministerio de Agricultura y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El accionar de los grupos al margen de la ley en esa región del país fue advertido a través de la Alerta Temprana 054-19 de la Defensoría del Pueblo. Este documento y su informe de seguimiento dan cuenta del riesgo para Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré.

La entidad enviará el informe con los hallazgos encontrados a las autoridades civiles y militares para que determinen responsabilidades sobre los graves hechos denunciados por los habitantes de Bocas del Manso y de las veredas circundantes.

Además, se comprometió a convocar a una mesa interinstitucional en la que sean tratadas todas las problemáticas que han venido enfrentando los habitantes de la comunidad de Tierralta.