
Desde el municipio Suárez, en Cauca, las delegaciones del Gobierno nacional y el Estado Mayor Central de las Farc (EMC) anunciaron durante el martes 19 de septiembre la fecha de instalación de la mesa de diálogos de paz, así como otros compromisos relacionados con este proceso.
A través de un pronunciamiento conjunto, las partes acordaron iniciar las conversaciones el domingo 8 de octubre en Tibú, región Catatumbo (Norte de Santander), región del país con alta incidencia de este grupo residual al mando de Iván Mordisco y con graves afectaciones por el conflicto armado.
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Ese día, según los equipos negociadores, comenzará la fase de implementación de un cese al fuego bilateral que tendrá una duración de 10 meses. Así las cosas, irá hasta el 8 de agosto de 2024.
“Este acuerdo, sus protocolos y mecanismos, una vez aprobados precisan el fortalecimiento de la Mesa de Diálogos de Paz y tendrán como marco de referencia el respeto al derecho internacional humanitario y en particular el protocolo adicional II de 1977, adicional a los Convenios de Ginegra”, precisaron las partes en el comunicado.
El 31 de diciembre de 2022 el presidente Gustavo Petro expidió el decreto 2656 mediante el cual estableció un cese al fuego bilateral con este reducto de las antiguas Farc. Sin embargo, este fue suspendido el 21 de mayo de 2023 luego de varios incumplimientos, incluida la masacre de cuatro niños indígenas en Caquetá a manos del frente Carolina Ramírez.
Ese hecho hizo que el jefe de Estado tomara la decisión de levantar el cese y reanudar todas las ofensivas militares contra la disidencia. Después, hubo una constante insistencia de este grupo en reanudar el cese, a pesar de que continuaban con afectaciones a la fuerza pública y civiles en zonas como Neiva (Huila), Cauca y Meta.
Con la instalación de la mesa y el cese bilateral, las partes buscan “preservar la vida, los derechos y libertades de la población civil en general y evitar la afectación humanitaria, en particular a las comunidades y pueblos étnicos, territoriales, campesinos y demás grupos de especial protección”.
Así será el cronograma de implementación de lo pactado
Las partes acordaron cuatro fechas: en la primera, del 19 de septiembre al 8 de octubre, se llevará a cabo la preparación, ajuste a lo establecido en las reuniones previas, ratificación de protocolos; “concertación de los que falten y consultas” y una continuación de labores por parte del Grupo de Contingencias.
La segunda, el 8 de octubre, será anunciada la instalación de la mesa y la promulgación del Acuerdo de Respeto a la Población Civil y el cese al fuego de carácter nacional y territorial. También se dará a conocer una pausa de operaciones ofensivas entre el EMC y la fuerza pública.
“Este decreto recogerá lo concertado por las partes y se presentarán los lineamientos generales de la Agenda temática, metodológica e itinerancia de la mesa”, precisaron las partes.
Durante la tercera fecha (del domingo 8 de octubre al sábado 11 de noviembre) se instalará el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (Mvmv) y será preparado también en sus puntos regionales y locales (aún por definirse). En paralelo, las delegaciones discutirán la agenda de la mesa, mientras que se mantendrán las “visitas humanitarias en territorio”.

En la última, del 11 de noviembre al 8 de agosto de 2024, habrá un constante monitoreo del acuerdo de protección a la población y el cese al fuego; “se evaluarán los avances y cumplimiento en el desarrollo de la agenda, los procesos participativos y los compromisos pactados”, detallaron.
Este nuevo proceso de diálogo, correspondiente a la puesta en marcha de la política de Paz Total, contará con el acompañamiento del Reino de Noruega, Venezuela, Irlanda, la Confederación Suiza y la Unión Europea. También estarán haciendo trabajo de veeduría la Misión de la ONU en Colombia; la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp/OEA), el Consejo Mundial de Iglesias y la Conferencia Episcopal.
Tema aparte, el Estado Mayor Central anunció su compromiso de no intervenir con ataques o alteraciones al orden público durante las elecciones regionales del 29 de octubre. “El Gobierno nacional seguirá garantizando el libre ejercicio del voto y la transparencia en los procesos electorales”, señalaron las partes.
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