Exmilitares confesaron ante la JEP que quemaban cédulas de víctimas de ‘falsos positivos’ para evitar su identificación

En el segundo día de audiencia de reconocimiento de verdad ante la JEP de 21 exmilitares que participaron en la comisión de ejecuciones extrajudiciales (’falsos positivos’) mientras estuvieron adscritos a la VXI Brigada del Ejército entre 2005 y 2006 en Casanare, familiares de las víctimas confrontaron a los comparecientes y exigieron verdad sobre estos crímenes.

Ante esto, parte de los sometidos ante el tribunal especial de paz aceptaron estar ligados directa o indirectamente en el asesinato de un total de 296 civiles que fueron presentados como bajas en combate. El soldado (r) Alexander González indicó ante la magistratura y en frente de las víctimas las motivaciones para cometer esos hechos.

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“Yo soy el directo responsable de varias personas, contra ellas yo accioné mi arma y les quité la vida, y en otro serví como informante dándole la información al mayor (r) Soto (…) Disparé con pleno conocimiento y lo hice por ganarme un permiso de cinco días, por ganarme unas condecoraciones y vuelvo y lo repito: por salir al exterior”, explicó el exmilitar ante las preguntas de la togada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de Verdad.

El entonces soldado también recordó que una vez cometidos los asesinatos, los documentos de identidad de las víctimas eran quemados para que sus identidades permanecieran ocultas.

“Siempre se hacía y el que daba la orden era mi mayor Soto, cuando se llevaban ahí al Gaula —a las víctimas— o en su defecto, el comandante que estaba con uno en la operación que decía ‘toca desaparecer los documentos para que no los identifiquen‘”, confesó González ante la mirada de las víctimas acreditadas.

El cabo primero (r) Gelver Pérez, señalado por la JEP como máximo responsable del asesinato de al menos 31 personas que no tenían relación con grupos guerrilleros u otros actores del conflicto, contó que llegó al Gaula Militar seccional Casanare bajo petición del mayor retirado Gustavo Soto Bracamonte y por orden del general (r) Henry Torres Escalante.

“Yo aprehendí, yo asesiné, yo torturé, yo me adapté a una práctica sistemática de asesinatos. Yo colaboré con informaciones de Pajarito (Boyacá), Chámeza, Recetor y Aguazul (Casanare), informaciones de área que pasaban por Batallón, Brigada y después a los hombres bajo mi mando”, describió Pérez sobre los asesinatos perpetrados mientras estuvo en esa unidad durante 2004.

El teniente retirado John Alexander Suancha Florián reconoció los crímenes imputados por la JEP en calidad de determinador y narró su carrera militar, la preparación que tuvo y las órdenes que recibió para asesinar a civiles para presentarlos como guerrilleros abatidos.

“Entré a la escuela militar cuatro años, no dos ni tres como la mayoría de suboficiales, porque éramos el cambio generacional de los líderes del siglo XXI. Durante esos cuatro años la escuela militar ubicada en la Calle 80 en Bogotá fui impactado dos veces por las Farc; una con explosivos y otra por morteros. Realicé cursos de combate, creo que ni mi general tiene los que yo tengo. Yo fui preparado como máquina de guerra, se me cambió esa mentalidad que tenía de una persona normal a una fría”, narró el compareciente.

En su testimonio, dijo incluso que no tenía necesidad de estar sometido a la JEP, pues cumple una condena de 17 años de prisión que pudo ser de 60, teniendo en cuenta la Ley 906 de 2004. “Con todo respeto, no vengo por su justicia terrenal, su señoría; vengo por la justicia divina, y se lo dije a una de las madres, para poder descansar”.

En la primera parte de la diligencia, víctimas como Próspero Vargas, padre de José Albeiro Vargas, desaparecido hace 16 años, reclamaron mayores aportes de verdad. “Él se vino de la finca con el fin de estudiar, a los tres meses se nos desapareció, eso fue en el 2007”, contó.