En las labores adelantadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se llevó a cabo una audiencia de reconocimiento por las participaciones en ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos por parte de 21 exintegrantes del Ejército Nacional, el exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Casanare y dos civiles.
En el proceso, que se llevó a cabo en Yopal, los exuniformados respondieron por su la participación en el caso “03 Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”.
En la audiencia, que tuvo la participación de 116 víctimas acreditadas ante la JEP, los exintegrantes de los aparatos de seguridad del Estado señalaron las atrocidades que fueron permitidas por la política de Seguridad Democrática.
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El excomandante del Gaula en el Casanare, coronel (r) Wilson Camargo, calificó la Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez como una “política totalmente funesta”. De acuerdo con el coronel en retiro en el Gaula usaron una menor de edad reclutada forzadamente y desvinculada de un grupo terrorista como informante de esta misma estructura. Camargo enfatizó en la irregularidad del proceso:
“Le llevaron el dinero allá, creo que fueron 10 o 50 millones, no me acuerdo bien, pero ella fue aprehendida ahí en el parque principal de Yopal y la llevamos al grupo Gaula. Contrario a la ley, no la colocamos a disposición del ICBF de forma inmediata, sino que explotamos la información que ella tenía de conocimiento del frente 28 de las Farc y exactamente de alias ‘Danilo’ que era el jefe de finanzas”.
Otra de las declaraciones que han llamado la atención son las del exdirector del DAS en Casanare, Orlando Rivas Tovar. En el fuerte testimonio, el exintegrante del extinto grupo de inteligencia aseguró que la unión ente integrantes del Ejército y del DAS permitió varios asesinatos:
“Quiero reconocer mi responsabilidad por los hechos donde funcionarios a mi cargo de la seccional DAS Casanare y detectives asignados y tropas del Ejército asesinaron a muchas personas”.
Rivas fue concreto en señalar que en las acciones de inteligencia conjuntas entre ambas fuerzas permitieron dar informes que avalaran operaciones militares en varias regiones del departamento donde se reportaron las cuantiosas bajas: 296 víctimas.
La audiencia en Casanare
El lunes 18 de septiembre se llevó a cabo una audiencia de reconocimiento de verdad en relación con los falsos positivos ocurridos en Casanare entre 2005 y 2006. En esta audiencia, 21 militares de la XVI Brigada del Ejército Nacional comparecieron ante la magistratura y familiares de 296 víctimas asesinadas y presentadas como guerrilleros abatidos en operaciones militares.
Durante la diligencia, tanto víctimas como victimarios señalaron al general (r) Henry William Torres Escalante, quien entonces comandaba esta unidad militar, como uno de los principales responsables de estos crímenes. Además, el teniente (r) Marco Fabián García admitió haber recibido dinero del general Torres Escalante para alterar expedientes relacionados con los falsos positivos.
García pidió perdón por sus acciones y reconoció que previamente no había proporcionado toda la verdad, lo que el magistrado Óscar Parra calificó como grave y con consecuencias para su sometimiento a la justicia.
Exjefe de la Unidad de Inteligencia del Gaula entregó una de sus medallas
El capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha también reconoció su participación en la comisión de estos crímenes durante el conflicto armado y dijo que obtuvo varias distinciones y menciones de felicitación.
“Desaparecí, aporté a la desaparición forzada de personas inocentes y posteriormente a su asesinato, precisamente no cumpliendo con las funciones que debía cumplir como jefe de Unidad de Inteligencia. De esa manera aporté a que todo este macabro entramado criminal continuara desde el momento que llegué a esa brigada”, expuso en medio de la audiencia que completó doce horas.
En su relato describió la forma en que los soldados de la Brigada lo abordaban para pedirle labores de seguimiento a civiles identificados como “miembros de un grupo ilegal” y que posteriormente fueron asesinados. También sostuvo que fue sancionado por no hacer caso a esas solicitudes de perfilamiento.
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