Tigo tiene obligaciones por 235.000 millones de pesos que vencen en octubre, pero solo dispone de 43.000 millones de pesos de liquidez, que corresponden al cierre de junio. Este panorama preocupa a agencias calificadoras de riesgo como Fitch Ratings, que ya redujo la nota de la compañía de telecomunicaciones por las deudas que acumula y las posibilidades de impago.
Así lo pudo establecer el diario La República, que además encontró que la firma BRC Ratings también redujo la calificación de Tigo ante las deudas que acumula y por la incertidumbre alrededor de su proceso de capitalización por parte de sus accionistas como alternativa para salvarse de la difícil situación financiera por la que atraviesa.
Justamente, las juntas directivas de EPM (dueña del 49,99% de Tigo) y Millicom (dueña del 49,98%) se reunirán el jueves 21 de septiembre para decidir cómo se llevará ese proceso.
Para lograr la capitalización serían necesarios US$150 millones (600.000 millones de pesos) que deberían ser invertidos por sus accionistas en partes iguales (US$ 75 millones cada uno), pero ya EPM anticipó que no está dispuesto a invertir tal cantidad.
Entre tanto, Tigo emitió un comunicado el lunes para dar tranquilidad a sus usuarios de que el servicio no se dejará de prestar. Por eso, resaltó que en el último mes su tráfico de red móvil y de voz crecieron 3 % y 6% respectivamente, y también indicó que su base de usuarios se incrementó en un 21%, así como los servicios digitales para empresas y gobiernos, que crecieron 35% en comparación con agosto de 2022. Incluso recordó que se han invertido más de $US 100 millones en “despliegue y mantenimiento de nuestras redes”.
¿Qué pasará con los usuarios si Tigo se quiebra?
Para salvar a Tigo de la difícil situación financiera por la que está pasando, el Gobierno nacional planteó dos opciones: la primera es la capitalización de la empresa por parte de sus accionistas, y la segunda es la disolución de la empresa, lo que significaría que Millicom tendría que comprarle la parte que le corresponde a EPM.
Si para el 9 de octubre no se ha tomado una alternativa, el Gobierno entraría a evaluar una reorganización empresarial a través de la Superintendencia de Sociedades, con lo cual se garantizaría la prestación del servicio a los usuarios y se preservarían alrededor de 15.000 empleos que tiene la compañía.
Según datos de la cartera, Tigo alberga a más de 15 millones de usuarios que usan la telefonía móvil y es la segunda compañía con más usuarios de internet móvil, con 4,3 millones.
En el caso en el que Tigo dejara de prestar sus servicios, la misma empresa tendría que crear un plan de impacto para mitigar las afectaciones que pudieran sufrir sus usuarios.
A modo de referencia, el diario El Espectador recordó lo que sucedió en 2018 con el operador Uff, a quien se le dio la instrucción de que facilite el proceso para que sus usuarios se trasladaran al operador que eligieran conservando su número telefónico. A través de una aplicación llamada Virfon App podían conservar sus saldos pendientes y si se pasaban a Virgin Mobile recibían un bono de bienvenida con el saldo que tenían previamente.
Pero a diferencia de Uff, Tigo tiene una considerable cantidad de usuarios e infraestructura propia. En caso tal, según expertos consultados por el medio mencionado, la compañía podría vender su infraestructura para saldar sus deudas, pero los compradores tendrían que tener cuidado de no violar los topes de frecuencias del espectro.
Respecto a los usuarios, Claro o Movistar, los otros dos gigantes de las telecomunicaciones, podrían adquirirlos, pero habría un riesgo de monopolización. Otros competidores más pequeños, como ETB, WOM y Virgin, podrían captar usuarios, lo cual dinamizaría el mercado.