Transición energética del Gobierno Petro sacrificaría más de 300.000 empleos, asegura estudio de Planeación Nacional

Los departamentos productores de petróleo y carbón serían particularmente impactados, con una disminución del 12,1% en la producción de petróleo y una pérdida de 117.000 empleos, así como una reducción del 11,8% en la producción de carbón y la pérdida de 145.000 empleos

El estudio sugiere la implementación de políticas de mitigación para contrarrestar los efectos negativos. Esto incluye incentivar la producción en sectores como la agricultura, agroindustria y turismo a nivel departamental - créditos REUTERS/José Miguel Gómez

En un esfuerzo conjunto por evaluar el impacto de una “economía baja en carbono en el mercado laboral y el sistema de seguridad y protección de Colombia”, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentaron los resultados de un estudio que resalta los retos y caminos para llegar a cumplir con los objetivos de una agenda de desarrollo sostenible.

De acuerdo con el director del DNP, José Alejandro Herrera, “este estudio que se ha desarrollado para poder determinar los elementos que nos permitan evaluar estos impactos es parte de la apuesta del DNP por generar estas discusiones de país sobre el cambio climático. Colombia tiene obligaciones muy serias con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) que nos permiten tomar decisiones para que se haga una transición energética de mediano y largo plazo”.

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Respecto a la transición hacia una economía baja en carbono, que implica una reducción en la producción de petróleo y carbón, según indicó el subdirector de Estudios Macroeconómicos Sectoriales y de Regulación del DNP, Gustavo Hernández, esto afectaría el mercado laboral y “la generación del ingreso de las personas”.

Los departamentos productores de petróleo y carbón serían concretamente impactados, con una disminución del 12,1% en la producción de petróleo y una pérdida de 117 mil empleos, así como una reducción del 11,8% en la producción de carbón y la pérdida de 145 mil empleos.

De acuerdo con el estudio se explora las posibilidades de implementar políticas para contrarrestar las consecuencias adversas incentivando otras áreas de producción y brindando subsidios. Entre las medidas se incluye incentivar la producción en sectores como la agricultura, agroindustria y turismo a nivel departamental, donde se podrían generar hasta 93 mil puestos de trabajo para compensar las pérdidas en el sector petrolero, y hasta 120 mil puestos de trabajo para compensar las pérdidas en el sector del carbón.

De igual manera se propone la creación de programas de transferencias monetarias y capacitación en nuevas actividades sostenibles para aquellos trabajadores que no puedan ser absorbidos por los sectores mencionados anteriormente, aunque sobre el pago de un millón de pesos a los beneficiarios indicaron desde el DNP:

“En tanto, una política de subsidios ayuda a reducir la probabilidad de caer en la pobreza de los hogares, pero no contribuye a mitigar los efectos de la reducción en empleo y producción, además de que hay que considerar su financiamiento”.

Desespero en empresas de servicios públicos

Colombia está frente a una difícil situación de abastecimiento de los servicios de energía eléctrica y gas natural para el corto plazo. Uno de los casos más delicados se vive en Córdoba, departamento de la región Caribe, donde la producción de gas está disminuida a causa de que Canacol Energy no opera al 100%.

A esto se suma el fenómeno de El Niño, que puede generar que los embalses de generación de energía del país no tengan el suficiente nivel de agua para generar la energía necesaria.

Por eso, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) le envió una carta al Gobierno de Gustavo Petro en la que hizo varias sugerencias.

En esta dejó claro que es fundamental que desde el Gobierno nacional y las entidades del sector se planteen señales de política pública y regulación enfocadas en atender los asuntos prioritarios, para así garantizar el suministro confiable de los servicios públicos de energía y gas y evitar medidas de intervención que afecten de manera estructural al mercado o generen riesgos para el sector y los usuarios, especialmente durante el fenómeno del Niño.

“Es importante fortalecer la institucionalidad, realizando el nombramiento en propiedad de los comisionados de la Creg y mantener sus periodos fijos. Hay que salvaguardar la seguridad jurídica y garantizar la viabilidad financiera de las empresas prestadoras de estos servicios dadas las actuales circunstancias”, precisó Andesco