Por actos de corrupción, impusieron prisión domiciliaria al alcalde de Barbosa, Antioquia

En el municipio de Barbosa, Antioquia, se quedaron sin alcalde debido a que el mandatario Édgar Gallego fue enviado a prisión domiciliaria, debido a su caso de presunta corrupción con un contrato que se celebró en 2020 para la atención durante la emergencia por la pandemia del COVID-19.

El sujeto venía de ser cobijado con medida no privativa de la libertad desde que comenzó el proceso judicial, pero el domingo 17 de septiembre se conoció que un juzgado de Antioquia revocó esa decisión, lo envió a casa por cárcel y también a dos de los funcionarios involucrados en el hecho.

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Esta es la tercera ocasión en los últimos años que un mandatario de Barbosa es enviado a la cárcel, ya que en abril de 2021 condenaron al exalcalde Edison García Restrepo a 71 meses en prisión por los delitos de prevaricato por acción, cohecho propio, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito de servidor público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, mientras que Hernando Alonso Cataño fue sentenciado por peculado por apropiación y falsedad ideológica

El alcalde Édgar Gallego ha estado en defensa de su libertad y buen nombre ante las autoridades por sus gestiones durante la pandemia del COVID-19, cuyos contratos para la atención y cuidado de la población están bajo la lupa por presuntas irregularidades.

Según medios como Alerta Paisa y RCN Radio, el Juzgado 2 del Circuito Penal de Girardota le dictó casa por cárcel al mandatario y otros dos funcionarios, de nombres Lorena Torres y Rogelio Córdoba, por falsedad de documento e intereses indebidos para la alimentación de las personas más necesitadas.

Por otro lado, la Procuraduría indicó que el acusado suscribió un contrato para desayunos, refrigerios, almuerzos e hidratación en la emergencia sanitaria y cuyo convenio fue con una persona de un establecimiento comercial que no podía contratar con la administración, al parecer, porque lo apoyó en su campaña.

Desde el 30 de julio de 2020, cuando apenas llevaba siete meses en el cargo, que el alcalde de Barbosa fue judicializado por la Fiscalía que lo acusó de presuntas irregularidades con un contrato para la atención de los habitantes más necesitados durante la pandemia del COVID-19.

“La investigación estableció que el convenio contemplaba capacitación para la prevención de la enfermedad y la compra de insumos como guantes, tapabocas y gel antibacterial, entre otros, con un contratista que, al parecer, carecería de idoneidad para celebrar el convenio”, decía el comunicado del ente acusador.

Otro hecho que la Fiscalía resaltó en la investigación es que esos elementos adquiridos para la pandemia no solo tenían sobrecostos, también se evidenciaron problemas en los artículos y que no eran aptos para la atención de la población en el municipio.

“El Grupo de Tareas Especiales COVID-19, con apoyo de la Dirección Especializada contra la Corrupción y de la Seccional Antioquia, de la Fiscalía General de la Nación evidenciaron que no solo se habrían registrado sobrecostos en los elementos adquiridos, sino que los productos adquiridos serían de mala calidad y otros no guardarían relación directa con el contrato”, señaló.

En ese momento, el alcalde Gallego no fue a la cárcel, pero los que sí recibieron prisión domiciliaria fueron Daniel Fernando Alcaraz Muñoz, secretario de Salud Municipal; Hugo Aldemar Suárez Osorno, secretario de Planeación y supervisor del contrato; y el contratista Julián Andrés García Torres.

El comunicado de la Fiscalía finalizó al decir que “la decisión de primera instancia fue apelada por la defensa de los procesados ante los jueces penales del Circuito” y que el mandatario, pese a sus intentos, ahora estará detenido en su residencia.