En las últimas horas la ONG Human Rights Watch publicó una petición que hizo a la Corte Constitucional para que el caso en el que hombres del ejército asesinaron a 11 personas en la vereda Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, sea atendido por la justicia penal ordinaria.
Según informó la organización de derechos humanos, el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, no habló con la verdad sobre los operativos e intentó ocultar las acciones de las Fuerzas Militares, afirmando que todos los cuerpos correspondían a miembros del Comando de Frontera, un grupo ilegal de la zona.
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“Dijo que las personas que murieron eran “criminales” y “miembros” de Comandos de la Frontera. Dos de las once personas asesinadas tenían antecedentes penales que no están relacionados con su supuesta pertenencia a Comandos de la Frontera”, señala la ONG en un comunicado.
Las palabras de la ONG hacen referencia a una publicación de Molano cuando ejercía como ministro de Defensa, quien entregó datos erróneos de las operaciones adelantadas por el Ejército Nacional. En ese momento, el jefe de la cartera señaló que “gracias a operaciones ofensivas de la Fuerza Pública, que continúan en desarrollo, contra disidencias de las Farc, neutralizamos a 9 criminales y capturamos a 4 más en Puerto Leguízamo, Putumayo”.
Sin embargo, para Human Rights Watch, fueron 11 las personas asesinadas de las cuales lograron rescatar la identidad de cuatro civiles: Juan Pablo Panduro Coquinche, líder indígena; Óscar Oliva Yela, agricultor; Divier Hernández Rojas, líder comunitario, y su esposa, Ana María Sarrias Barrera, que estaba embarazada.
En cuanto a las capturas, la ONG señaló que nunca existió evidencia de tales capturas, a pesar de que funcionarios del Gobierno Duque, como el exministro Molano, lo informaron en medios de comunicación.
“Las autoridades proporcionaron información incoherente y, en ocasiones, abiertamente falsa de los hechos, en entrevistas con los medios de comunicación, así como durante reuniones con Human Rights Watch. Por ejemplo, el entonces ministro de Defensa Molano tuiteó que cuatro personas habían sido detenidas durante la operación, pero la Fiscalía confirmó que no se había detenido a nadie”.
Dadas las inconsistencias, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, resaltó la necesidad de que los órganos de investigación del país se hagan cargo del caso y entreguen resultados pronto. “Los fiscales también deberían investigar los aparentes intentos por encubrir estas muertes y el gobierno debería poner en marcha la prometida reforma al sector seguridad para evitar abusos similares en el futuro”.
Asimismo, hizo una intervención ante la Corte Constitucional para pedir que los militares implicados, que son 25 según los registros, sean investigados por la justicia penal ordinaria, después de que la defensa de los uniformados solicitara que se les procesara bajo la justicia penal militar, que podría incurrir en favorecimientos a las condenas.
Para la ONG, el Gobierno nacional intentó justificar el actuar de los militares enmarcándolo en el derecho internacional humanitario, que solo es válido cuando se trata de un conflicto armado. Sin embargo, Human Rights Watch determinó que el grupo ilegal Comandos de Frontera no mantenía una tensa relación con el Ejército Nacional y, aquel 29 de marzo de 2022, no existió riesgo inminente sobre la vida de los uniformados, por lo que es injustificable el uso excesivo de fuerza sobre dicha población.
“El Ejército utilizó fuerza letal de manera intencional, incluyendo francotiradores, causando la muerte de 11 personas, entre ellas al menos cuatro que no eran miembros de Comandos de la Frontera y estaban desarmadas”, señaló la organización.
Además, los defensores de derechos humanos destacaron que no existió un procedimiento regulado para el levantamiento de los cuerpos, que impidió determinar el modo y lugar de las muertes. De hecho, la ONG señaló que los uniformados informaron del ataque varias horas después, que les podía permitir la manipulación de la escena para ocultar información de la avanzada militar.
“Después de las muertes, los oficiales del ejército tomaron medidas que parecían destinadas a encubrir la operación y obstaculizar la rendición de cuentas. La operación tuvo lugar a las 7 a.m., pero los soldados llamaron a los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI)—la rama de la Fiscalía encargada de proporcionar apoyo investigativo y forense a los fiscales en casos penales—hasta alrededor del mediodía”.