Hacker fue condenado a 7 años de prisión: había robado más de 1.000 millones de pesos

El hombre utilizó ilegalmente datos de dos empresas colombianas para cometer el delito

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Un hacker en Colombia fue condenado a 7 años de prisión - crédito EFE/ Oskar Burgos/Archivo
Un hacker en Colombia fue condenado a 7 años de prisión - crédito EFE/ Oskar Burgos/Archivo

Con el auge del Internet y el avance de la tecnología, el ser humano ha podido facilitar trámites y operaciones que anteriormente tenía que hacer de manera presencial, desarrollando nuevas economías, nuevos espacios laborales y nuevas carreras profesionales, pero, infortunadamente, también nuevos delitos.

Es así como los ciudadanos ya no solo deben cuidarse en la calle de que algún ladrón quiera robarles sus pertenencias, sino también en el mundo virtual de que algún hacker les robe sus ahorros o su información.

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Sobre el tema, la Fiscalía General de la Nación publicó que a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos demostró que un hombre, junto a otras personas, usó ilegalmente datos de dos empresas para apoderarse de una millonaria suma.

El órgano judicial destacó que la contundencia del material probatorio recaudado por ellos permitió que un juez condenara a siete años de prisión a Luis Eduardo Bernal García, como responsable de hurtar más de 1.000 millones de pesos, mediante el uso fraudulento de medios digitales.

“Según la investigación, adelantada por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos, el condenando y seis otras personas que, al parecer, integraban una organización ilegal, suplantaron sitios web para acceder ilícitamente a información empresarial privilegiada”, sostuvo.

Asimismo, dijo que Bernal García simuló ser representante legal de una empresa, cuyos sistemas previamente había hackeado.

“Esta falsa condición le sirvió de fachada para enviar correos electrónicos y lograr modificar datos financieros de un par de compañías, para sustraerles ilícitamente más de 1.000 millones de pesos. El dinero fue transferido a una cuenta corriente creada para concretar el ilícito y, después, la envió a nueve cuentas en diferentes ciudades del país”, agregó.

A su vez, detalló que estas acciones se cometieron entre los meses de octubre y diciembre de 2018, y evidenció que el líder de la organización se apropió de 486 millones de pesos, retirados en múltiples transacciones.

“Luis Eduardo Bernal García fue encontrado responsable de los delitos de suplantación de sitios web para capturar datos personales agravado, hurto por medios informáticos y uso de documento falso, en calidad de coautor. Los cargos fueron aceptados por el implicado antes de iniciar el juicio”, enfatizó el ente acusador.

Finalmente, aclaró que a la condena de prisión se suma el pago de una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

Gobierno demandará a IFX Networks tras ciberataque que afectó a entidades públicas

Luego de que el 13 de septiembre, varios sitios web de entidades del Gobierno nacional, superintendencias y de la rama judicial estuvieron sin servicio por el ataque cibernético Ransomware en sus servidores. Desde la Casa de Nariño se empiezan a tomar medidas en contra de del servicio de la compañía multinacional IFX Networks.

“Vamos a iniciar demandas con esta empresa porque tendrá que responderle al Estado por los perjuicios y daños que les cometió a todos los colombianos, por faltar a su compromiso de la seguridad cibernética”, confirmó Mauricio Lizcano, ministro de las TIC.

Asimismo, aseguró que las deficiencias en el sistema de protección que tiene la empresa permitieron el ciberataque.

“El problema que hubo en Colombia del hackeo de todas estas entidades no es un problema de Gobierno. Muy importante que la gente lo tengo claro, es un problema una empresa, se llama Data IFX, que prestaba servicio al estado de nube y que tenía la seguridad, no la garantizaron y por eso estamos en este problema”, agrego el jefe de la cartera de TIC.

Algunas de las entidades más afectadas fueron el Consejo Superior de la Judicatura, los ministerios de Salud y Cultura, y la Superintendencia de Industria y Comercio.

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