Luego de que el 12 de septiembre de 2023 se conociera un video en el que presuntos soldados del Batallón de Infantería número 33 “Batalla de Junín” de la Décima Primera Brigada intimidaran y violentaran a habitantes de la vereda Bocas del Manso de Tierralta (Córdoba), los ojos de las autoridades se han volcado hacia ellos.
Desde la Gobernación de Córdoba informaron que el 20 de septiembre se llevará a cabo una misión humanitaria en Tierralta que convocará a varias entidades del Gobierno nacional para atender diferentes necesidades de la población. El anuncio surgió luego de que se adelantara una reunión virtual entre el secretario del Interior, Jairo Baquero, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el alcalde del municipio, Daniel Montero Montes.
Desde el 14 de septiembre, una comisión de la Defensoría del Pueblo hace presencia en el lugar para constatar las posibles vulneraciones que sufrió la población del municipio. “Nuestro equipo de la Defensoría del Pueblo (...) recoge la información directamente de quienes habitan esa zona, conformada por campesinos e indígenas, que habrían sido víctimas de agresiones físicas atribuidas a miembros del Ejército Nacional”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis en un comunicado.
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Ahora, con el encuentro entre las autoridades mencionadas, se establecieron los siguientes objetivos para el municipio: desarrollar de manera prioritaria el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Penis), la ejecución de una jornada de salud por parte de la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Tierralta y el suministro de ayudas humanitarias y agua potable.
Asimismo, durante la reunión se solicitó llevar a cabo una jornada de salud específica, cuyo objetivo debe ser afrontar el dengue, la implementación del programa Vías para La Paz del Instituto Nacional de Vías (Invias), una unidad móvil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) e inversiones para vivienda en el municipio.
De acuerdo con la Gobernación, las acciones pactadas para Tierralta buscan restablecer la confianza entre la fuerza pública y la comunidad, luego de que esta se fragmentara al ser la población víctima de, presuntamente, miembros del Ejército Nacional, que, camuflados, habrían llegado a la vereda Bocas del Manso y agredido a la comunidad.
Así lo relató una de las personas afectadas a W Radio: “Esto no nos parece bueno, el Ejército dice que nos va a proteger y mire lo que está pasando. Fue el Ejército como tal, nos reunieron, fueron casa por casa, con las manos atrás en el cuello y nos tiraron al suelo unas tres horas. Me llevaron a mí como escudo y a otro profesor, y nos dejaron tirados en el suelo, nos decían que si nos levantábamos nos iban a matar”, sostuvo la persona denunciante.
Con respecto a lo sucedido, el comandante de las Fuerzas Armadas, mayor general Helder Giraldo, tildó los hechos de “vergonzosos” y aseguró que esa conducta en la que al parecer incurrieron soldados del Ejército no pertenece a la doctrina que se maneja en la fuerza pública para formar a las autoridades.
“Este tipo de actos son imperdonables en la institución, es una conducta inaceptable en los miembros de las Fuerzas Militares, y de ser cierto, se tomarán las medidas disciplinarias penales que correspondan contra los responsables en los diferentes niveles de mando” dijo el comandante Giraldo en una rueda de prensa.
Luego de lo sucedido, una comisión de investigadora compuesta por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación (FGN) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) intentaron hacer presencia en el lugar, pero el helicóptero en el que se movilizaban fue atacado, presuntamente, por el Clan del Golo, con armas de largo alcance.
Por este motivo, el ente acusador y el organismo de control y vigilancia pidieron al presidente Gustavo Petro, mediante una carta, tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los funcionarios, no solo en el municipio, sino en cualquier zona del país donde se les necesite.
“Demandamos, respetuosa, pero enfáticamente, la adopción de medidas encaminadas a permitir que los servidores adscritos a las entidades que representamos puedan acceder de forma segura a las zonas que requieren de su presencia”, señalaron el fiscal Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello en la misiva.