Luego de un riguroso análisis a las actuales reformas que se han adelantado en el congreso de la república en temas minero-energéticos, la Asociación Colombiana de Minería (Acm) determinó que el proyecto de Decreto del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el que se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental y otras disposiciones configura una amenaza a la estabilidad y el futuro del sector minero en Colombia.
Así lo ha manifestado para Infobae Colombia Juan Camilo Nariño Alcocer presidente de la Acm, “se trata de una norma que puede ser usada de manera arbitraria y subjetiva para suspender actividades económicas de forma indiscriminada ya que permite la creación de áreas de protección ambiental sin contar con estudios, ni criterios técnicos y sólo amparándose en un principio de precaución que hoy según la jurisprudencia no debe entenderse de esa manera”.
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A su vez Alcocer recalcó que “el proyecto desconoce la autonomía de las autoridades territoriales, y con esto los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y anula por completo la autonomía y competencias de las corporaciones autónomas regionales - car, esto transgrede el artículo 34 del código de minas que dispone que para que puedan excluirse o restringirse trabajos y obras de exploración y explotación mineras en las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables, el acto que las declare deberá estar expresamente motivado en estudios técnicos, sociales y ambientales disponibles”.
Adicionalmente, según los líderes mineros esto desborda las órdenes dictadas por el Consejo de Estado en la sentencia sobre titulación minera del 2022 y crea criterios para delimitación que no están en la ley, en este sentido el decreto elimina e ignora los análisis y el rigor técnico, lo que hace contraria la objetividad que debe primar en las decisiones administrativas y además va en contra vía de la descentralización administrativa.
Bajo este panorama, la Asociación manifestó que el papel que desempeñan las minerías en el país es fundamental para el desarrollo de las actividades en las regiones y la inversión social que requiere el plan nacional de desarrollo en el cual están plasmadas cada una de las actividades a ejecutar por parte del sector.
Según Alcocer, “el sector minero debe pagar 3.400 millones de pesos en regalías, tres veces más que el año anterior según las decisiones tomadas meses anteriores por el Gobierno nacional para el sector minero energético, de allí 560 millones y 610 millones de pesos son destinados a las diversas contribuciones que se realizan de manera adicional que los contratos tienen y las diversas cláusulas estipuladas de precios altos. “La reforma tributaria intentó hacer lo que ya estaba”, puntualizó el ejecutivo.
Finalmente, la Procuraduría general presentó en agosto observaciones al proyecto donde la delegada de Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios expresó su extrañeza que en las memorias justificativas del proyecto de decreto se señale que no se genera ningún impacto económico y que por el contrario esta aplicación puede generar en la práctica una situación de veto y/o parálisis respecto a las actividades de exploración y explotación minera.
En este sentido, la Procuraduría refiere a la autoridad ambiental para tomar decisiones definitivas en materia de la continuidad de las actividades de explotación minera, mediante la determinación de medidas encaminadas al cierre definitivo de las operaciones mineras e incluir la necesidad de analizar desde diferentes sectores, las consecuencias sociales, económicas, jurídicas que se podrían derivar de la eventual expedición del Proyecto de Decreto nacional.
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