Concejala de Bogotá María Fernanda Rojas denuncia sobre costos y falta de sanción a contratista de BogData

Frente a las constantes denuncias que llegan a diario al Concejo de la capital sobre las inconsistencias que presentan algunas entidades para realizar pagos o cumplir con los tributos a la ciudad, la Concejal María Fernanda Rojas se refirió frente a esta situación y manifestó, “solo en Colombia pasa que la gente tenga que marchar en la calle porque quiere pagar sus impuestos, pero la plataforma para hacerlo no deja, no sirve, una plataforma que nos ha costado casi 100.000 millones de pesos y no logra funcionar a plenitud, si los sancionaran, como he pedido, al menos recuperaríamos unos 12.000 millones de pesos pero no es ni la mitad de lo que se invirtió”.

Según Rojas, “la Secretaría distrital de hacienda tenía hasta el 31 de marzo para hacer valer las pólizas del contrato que vencían ese día y hasta el momento no sabemos qué pasó con esto, únicamente que las compañías que emitieron dichas pólizas fueron informadas. Por otro lado, el distrito también puede ejecutar la cláusula de cumplimiento del contrato cuya multa es cercana a los 12.000 millones de pesos, si bien el contrato finalizó en 2022, las pólizas estaban vigentes”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

La funcionaria advirtió que tanto la interventoría como los entes de control han alertado a la Secretaría de Hacienda sobre los incumplimientos del contratista y los problemas de la plataforma BogData; incluso, sugieren que se imponga una sanción al contratista correspondiente al 20% del valor del contrato, una cifra cercana a los 12.000 millones de pesos.

Hasta el momento no hay ningún actuar al respecto por parte de la secretaría; únicamente se tiene conocimiento que tiene un nuevo proceso sancionatorio en curso.

Por su parte, la concejala refirió que, ”la personería advirtió de una serie de contratos adicionales relacionados con la plataforma BogData suscritos con Sap Colombia, donde cinco contratos fueron suscritos entre 2019 y 2021, relacionados a la plataforma por su monto y objeto contractual que ascienden a 31.000 millones de pesos, lo que indica que el distrito ha invertido alrededor de 95.000 millones de pesos en la plataforma que hoy no está funcionando plenamente y que fue presentada en 2017 como el futuro tecnológico de aplicaciones para que la ciudadanía utilizara servicios fáciles”.

Hoy, la Secretaría de Hacienda ha tenido que volver a métodos que se usaban hace 20 años imprimiendo los recibos de impuestos para enviarlos a domicilio y ha tenido que alquilar un espacio en un centro de eventos por más de 600 millones de pesos para poder atender a la ciudadanía que se ha visto afectada por esta plataforma, asegura Rojas en su denuncia.

La concejal cuenta que, “en el año de 2019 la empresa principal integrante de Core Tributario fue adquirida por el grupo Frances Gfi, luego este grupo cambió de nombre a Inetum, que tiene alrededor de 27.000 empleados ubicados en 27 países del mundo, de los cuales 400 están en Colombia, cuya sede está ubicada en las mismas oficinas en las que operaban las del Corte Inglés, en el edificio Torre 104 al norte de Bogotá”.

En la investigación al detalle refiere que el representante legal del consorcio es Pedro Miguel Soares quien salió del país en 2022 y no se sabe si volvió o no. De este modo el suscrito que es el director para Colombia y la Región Andina de la compañía en este momento, sería el responsable del contrato.

“Esta es una empresa multinacional enorme tienen con qué responderle a Bogotá y tratar de enmendar el chorro de babas con el que le salieron a Bogotá, el Corte Inglés se fundó en 1988 y en el último ejercicio como empresa independiente alcanzó una facturación de nada más y nada menos que 703 millones de euros, ahora como parte de Inetum y tiene una facturación superior a los 2.300 millones de dólares. Definitivamente tienen con qué responder” dijo Maria Fernanda.

Finalmente, el 11 de abril fue realizada la audiencia sancionatoria contra el consorcio pero fue aplazada para 18 de abril, según la concejal y su equipo de trabajo, “no se avanzó mayor cosa en esta nueva audiencia y seguiremos pendientes de que continúe este proceso; es inadmisible que después de cinco años de espera y de 95.000 millones de pesos invertidos, la ciudad tenga que recurrir otra vez a imprimir recibos para pagar impuestos y enviarlos con mensajero, hemos denunciado desde el inicio que este fue un proyecto mal planificado pero sería aún peor que luego de tener un contratista tan descarado este salga sin una sola sanción o multa de este proceso”.