El aumento mes a mes que estableció el Gobierno de Gustavo Petro en el precio de la gasolina corriente para contrarrestar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc) golpea el bolsillo de todos los colombianos. Más que todo, debido a que el precio del galón del líquido para septiembre quedó en promedio nacional de $13.964, tras un alza de $400, y cerraría el año cerca de $16.000.
Luego de la reunión que sostuvo el gremio de los taxistas con el presidente Gustavo Petro, el pasado 25 de agosto, el Ministerio de Transporte anunció un alivio para los conductores de taxis, afectados de manera directa por las alzas, con una compensación económica mensual para contrarrestar el impacto.
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Así las cosas, se les hará un pago a final de cada mes a aquellos taxistas que tengan sus datos actualizados en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), una medida que le permitirá tener control al Gobierno sobre la iniciativa.
La medida no cayó muy bien en algunos expertos, quienes aseguraron que serán los colombianos los que terminen pagan los $74.300 millones que costaría entregar el beneficio en lo que resta del 2023.
Subsidio a los taxis: borrar con el codo lo que hace la mano
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) es uno de los centros de estudios económicos que no ve con buenos ojos la estrategia que pactó el Gobierno con los taxistas, quienes anunciaron paro si no les daban soluciones.
Por eso, por medio del informe semanal que denominó “Subsidio a los taxis: borrar con el codo lo que hace la mano”, dejó claro que se entiende que la presión del incremento afecta los costos de servicio de transporte y que la movilización de pasajeros es el sustento de muchos trabajadores, pero advirtió que la manera en la que se está planteando ese mecanismo (un subsidio en efectivo) es absolutamente “inconveniente”.
Teniendo en cuenta esto, propuso que “el rubro sea cobrado simplemente a aquellos ciudadanos que toman con frecuencia los servicios de taxi en las ciudades”, ya que este grupo poblaciones suele ser el de mayores ingresos y estrato socioeconómico.
Otro argumento de la entidad, expuesto en el informe conocido por RCN Radio, es que en Colombia se tiene unas de las tarifas mínimas más bajas de toda Latinoamérica, si se compara con Chile, Uruguay y Perú. Este aspecto con el fin de alegar que el subsidio se debería ver reflejado en el aumento de la tarifa de taxi para que así no todos los colombianos deban asumir una afectación económica por un servicio que no usan.
De igual manera, puntualizó que las discusiones que se abrieron por la medida que anunció el Gobierno para los taxis dejan muchas dudas sobre lo que se viene para el Acpm (diésel).
“Lo hemos repetido muchas veces, si no se cumplen los compromisos en términos de aumentos en los combustibles, las metas de reducción del déficit no se van a cumplir. Se deberá incurrir en medidas alternativas, como el incremento de la tasa del IVA (hasta el 25%), para lograr saldar la deuda que el país ha acumulado al mantener el precio de los combustibles en niveles bajos”, enfatizó la Anif.
Tarifa para taxistas es “inadministrable”
Es de anotar que uno de los principales críticos al acuerdo que llegaron el Gobierno Petro y los taxistas es el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry.
El exfuncionario afirmó que “darles una tarifa diferencial a los taxis es una cosa inadministrable”. De paso, criticó que “en una bomba se va a vender gasolina a un precio y en otra $600 más baja”, lo que generará serias dificultades.
“Los taxistas van a empezar a venderle gasolina a sus amigos y sus parientes. Van a comprarla $600 más barata y la van a vender $300 más barata. Eso va a pasar y, entonces, van a decir que se hará por cédula y 20 galones por semana”, proyectó
Seguido, enfatizó que cuando esto pase, entonces se dirá que depende de que el bombero pida la cédula y cumplan, lo que hará que se dependa de que el bombero y el taxista sean buenos, lo que no va a suceder.