Las universidades públicas también se refirieron a la reforma a la educación de Gustavo Petro: “Defendemos la autonomía universitaria”

Este pronunciamiento se conoce después que instituciones privadas expresaran sus reparos a esta iniciativa

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Fachada de la Universidad Nacional
Fachada de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá - crédito Colprensa

En un pronunciamiento, las principales universidades públicas del país reconocen el esfuerzo del Gobierno nacional al presentar el proyecto de ley estatutaria que refuerza el carácter de derecho fundamental de la educación; además, plantean consideraciones frente al proceso de discusión que tendrá el proyecto, la autonomía universitaria y la superación del déficit presupuestal que mantienen las universidades públicas.

La rectora de la Universidad Nacional de Colombia, Dolly Montoya; el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda; el rector de la Universidad del Valle, Édgar Varela Barrios; y el rector de la Universidad Industrial de Santander, Hernán Porras, destacaron que se vienen sumando esfuerzos para fortalecer la educación superior pública en el país, defendiendo su carácter de derecho fundamental, progresivo y de servicio público esencial.

Al mismo tiempo, a través de un comunicado señalaron que “pese a la rigurosidad y las exigencias que reclama el trámite de una ley estatutaria, creemos firmemente que ella es necesaria y oportuna en tanto reconoce principios constitucionales como la diversidad cultural, étnica, lingüística y de saberes en Colombia”.

Consideraron necesario el inicio de las discusiones de este proyecto en el Congreso, a fin de dar forma a una propuesta que, a su juicio, beneficia al sector: “En este escenario las universidades y demás actores del sistema realizaremos más aportes que contribuyan a la garantía de una educación de calidad, con acceso, cobertura, progresividad, universalidad, financiamiento adecuado, enfoque territorial, equidad; promoviendo que, además, estos elementos se articulen con otras iniciativas gubernamentales como el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, en donde estamos construyendo importantes insumos desde nuestras comunidades”.

Igualmente, recordaron que el propósito que tienen como universidades públicas es garantizar el desarrollo y la construcción de la nación “desde nuestras funciones misionales de docencia, investigación y extensión, por esta razón, respaldamos la apuesta del Gobierno nacional de garantizar el derecho a la educación desde la ampliación de la cobertura, el cierre a las brechas de acceso y el fomento de la calidad y la pertinencia, reconociendo que nuestro sistema educativo es mixto”.

Defendemos la autonomía universitaria reconocida en la Constitución como un derecho que guarda directa relación con la función social y el carácter misional de las Universidades”, resaltaron los rectores.

Igualmente consideraron pertinente que se le permita a las universidades que sigan creando y gestionando conocimiento en independencia. “Estas características también configuran la realidad de nuestro sistema y no pueden ponerse en riesgo al desconocer las diferencias entre las instituciones de la educación superior”, remarcaron.

Por último, insistieron en que “recorrer la ruta de la transformación que pretende atravesar nuestro país en su educación exige adecuaciones institucionales y tomar medidas urgentes para la superación del déficit presupuestal que aún hoy mantienen las universidades. En consecuencia, reiteramos nuestro llamado para agilizar el trámite de la reforma”.

Posición de las universidades privadas

Por su parte, los rectores de las universidades privadas Javeriana, Los Andes, Eafit y La Sabana habían presentado un documento sonde se le hicieron reparos a esta misma ley estatutaria.

“Las versiones de proyecto de ley estatutaria que ha presentado el Gobierno nacional, de manera previa a su radicación en el Congreso de la República el próximo 12 de septiembre, no incorporan con suficiencia elementos determinantes para la consolidación de un sistema de educación pluralista, moderno, incluyente y sostenible. Tampoco establecen los mecanismos para garantizar el derecho a la educación en un entorno cambiante”, manifestaron.

Entre las preocupaciones de esas instituciones educativas están la protección del sistema mixto, la conceptualización de la educación posmedia como sistema flexible, la definición de sistema de financiación a la educación posmedia y un mayor acceso a la educación.

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