El canciller Álvaro Leyva Durán, que desde el 5 de septiembre se apersonó de la licitación para la expedición de pasaportes y visas en Colombia, declaró el 14 de septiembre, a través de la Resolución 7541 de 2023, el estado de urgencia manifiesta luego de que el 13 de septiembre la licitación se declarará desierta. Esto provocó que Thomas Greg & Sons, principal oferente, anunciara un recurso de reposición y una posible demanda al Ministerio de Relaciones Exteriores, pues consideran que la decisión es “ilegal”.
“Declarar el estado de urgencia manifiesta por el término de doce meses, en relación con la prestación del servicio público de ‘suministro, formalización, prestación y personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica’, de conformidad con las consideraciones del presente acto administrativo”, se lee en la resolución
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En la resolución se advierte que declarar desierta la licitación “es un suceso externo a la voluntad o al dominio del representante legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, puesto que al mismo acudió un único proponente que, frente a las observaciones de los otros eventuales participantes del proceso, no garantizaba los principios de selección objetiva, libre concurrencia e igualdad de oportunidades”
También ordena a las dependencias competentes “el inicio de los trámites presupuestales de ley para garantizar los compromisos que se adquieran a futuro con la celebración del contrato a que haya lugar”, que, añade la resolución, deberá ponerse “en conocimiento de la Contraloría General de la República esta declaratoria y el contrato que se celebre, de conformidad con el artículo 43 de la Ley 80 de 1993″.
Con la declaración de urgencia manifiesta, según la jurisprudencia colombiana, que además se cita ampliamente en la resolución, “se ordenará celebrar el contrato de manera directa salvaguardando el deber de selección objetiva, por el tiempo prudencial de celebración del nuevo proceso de contratación ordinario y de la implementación del contrato que se adjudique”.
También señalan que la urgencia manifiesta será de 12 meses, en los que los primeros cinco para la adjudicación del contrato y los siete meses restantes para la implementación del mismo, acogiendo la recomendación del Informe de las especificaciones técnicas y del proyecto de pasaportes electrónicos colombianos de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci) de noviembre de 2022.
El canciller Leyva advirtió, sobre la declaratoria en la licitación se dio porque “se presenta un único oferente que, ante las diversas observaciones de los demás eventuales proponentes —en caso de que se adjudicara— se violan los principios de igualdad, trato y oportunidades de los oferentes o proponentes, presupuesto fundamental que garantiza la selección objetiva y desarrolla el principio de transparencia que orienta la contratación estatal”
A continuación, la resolución de la Cancillería:
¿Qué dicen desde Thomas Greg & Sons?
En una comunicación oficial de Thomas Greg & Sons, que llegó a Infobae Colombia la compañía advierte que fueron notificados del desierto en la licitación el 14 de septiembre y que por más que respetan la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, no la comparten y la consideran “ilegal”.
También anunciaron que “se interpondrán las acciones legales que correspondan”; que dando “cumplimiento a nuestro permanente deber de colaboración con el Estado, y siempre y cuando el marco legal, operativo y económico lo permita, estaremos atentos a las decisiones que den continuidad a la prestación del servicio público de expedición de pasaportes”.
Esto se suma al anuncio que hicieron el 13 de septiembre: “Presentamos recurso de reposición haciendo énfasis en la falta de competencia del Canciller, en la falsa motivación y en la ilegalidad de la actuación”.