Militares que amenazaron a comunidad en Tierralta, Córdoba, tenían mes y medio de haberse capacitado en derechos humanos

El proceder de un grupo de militares del Batallón Junín en la vereda Bocas del Manso, en Tierralta (Córdoba), tiene en el ojo de las investigaciones la relación de algunos integrantes del Ejército con grupos armados de la región. En medio de las indagaciones se conoció que algunos de los uniformados recibieron capacitación en derechos humanos.

De acuerdo con información entregada por el Ejército “este personal fue reentrenado hace tan solo 48 días, en temas de derechos humanos, protección de niños, niñas y adolescentes, uso legal y debido de la fuerza, derecho operacional terrestre; entre otros”.

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Adicionalmente, desde la institución recordaron que a diario se les recalca a los uniformados la importancia de respetar los manuales de procedimiento, “las normas del derecho operacional, la protección de los derechos humanos, la misión constitucional, las facultades disciplinarias de las autoridades militares”.

Sin embargo, parece ser que las capacitaciones que recibieron mes y medio atrás no le sirvieron a los militares, y con sus armas de dotación amedrentaron a la comunidad de Bocas del Manso, haciéndose pasar por disidentes de las Farc y amenazándola de muerte.

Los soldados convocaron a las personas de la comunidad para ‘hacer un censo’ y ante la negativa de los civiles lanzaron amenazas como “Si se paran los quebramos, hijueputas”, apuntándole a padres de familia, mujeres con bebés en brazos y niños, e incluso, amenazaron a un menor con matarle el perro si no hacía que dejara de ladrar.

“Ese día nos amenazaron que si hacíamos algún movimiento nos mataban y tiraban al río. Al rato, después de una hora de tenernos ahí, nos dijeron que eran del quinto frente de las Farc, que nosotros estábamos acostumbrados a hacer lo que quisiéramos, pero que ellos llegaban a mandar (...) Se hicieron pasar por guerrilleros pero era gente del Ejército y vinieron vestidos de otra manera (...) Nos sentimos intimidados por el Estado y por el Ejército y no nos sentimos protegidos”, le dijo a la Procuraduría Jhony Martínez, uno de los líderes campesinos de la vereda Bocas del Manzo.

El primer investigado por el hecho fue el comandante del Batallón de Infantería N.33 Batalla de Junín de la Décima Primera Brigada, adscrita a la Séptima División del Ejército.

Según dijo el oficial en las indagaciones realizadas por la Procuraduría General de la Nación, él estaba en otro sector con un grupo de soldados cuando ocurrió la incursión armada. Según conoció El Tiempo de parte de los investigadores, el comandante del Batallón Junín reveló que una parte de la tropa se le había revelado y no seguía sus órdenes.

De acuerdo con el medio citado, un par de suboficiales eran los que mandaban a una fracción de los militares del contingente, que estaban al servicio de grupos armados ilegales que tienen presencia en la región, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que a su vez integran el brazo armado del clan del Golfo.

Los militares serían informantes del clan dentro de la institución y también estarían trabajado con el grupo delincuencial para ejercer control sobre el territorio del sur de Córdoba, donde hay cultivos de coca y se desarrollan otras actividades financieras ilegales, como la minería y la extorsión.

Ese sector del territorio cordobés está en disputa entre las AGC, sus derivados y las disidencias de la Farc, que desde el 2021 han intentado incursionar en el departamento, controlado principalmente por grupos narcoparamilitares.

En abril del 2021 la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor) denunció la divulgación de un panfleto intimidatorio firmado por el frente 18 de las disidencias de las Farc, en el que ordenaban el desalojo de profesores en Montelíbano, Valencia, Puerto Libertador y Tierralta.

El registro más reciente de la posible incursión de las disidencias en Córdoba se tuvo en junio de este año, cuando las AGC y la guerrilla sostuvieron enfrentamientos armados en el sur del departamento.