El jueves 14 de septiembre, la corporación Transparencia por Colombia publicó el Primer informe de seguimiento al reporte de financiamiento electoral. Elecciones territoriales 2023, en el que indicó que de los 128.208 candidatos de todo el territorio, hay habilitados en el aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, CNE,113.967. Este número de candidatos deben reportar en la plataforma la información de ingresos y gastos efectuados en las campañas electorales.
“El 10% de candidatos que falta por habilitar para que accedan al aplicativo, tiene que ver con candidatos inscritos por coaliciones y Juntas Administradoras locales, JAL”, según se lee en el informe.
No obstante, de acuerdo con Transparencia por Colombia, los números relacionados con la financiación son notoriamente reducidos en comparación con el número de candidatos que se han inscrito y la intensa actividad electoral que se ha manifestado a nivel local. Hasta la fecha, los ingresos totales ascienden a $8.339.143.054, mientras que los gastos alcanzan la cifra de $3.617.961.871.
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A tan solo siete semanas de las elecciones del 29 de octubre, apenas 306 candidatos han presentado al menos un informe financiero que detalla sus gastos o ingresos. En otras palabras, esto representa menos del 1% del total de candidatos en competencia.
“Este bajo nivel de rendición de cuentas de campaña significa un grave incumplimiento con la obligación de reportar en tiempo real los ingresos y gastos de las campañas políticas. Hacemos un llamado a que los candidatos asuman el compromiso de transparencia y rendición de cuentas en tiempo real durante las campañas territoriales de 2023″, se lee en el reporte.
Transparencia por Colombia, en su informe, además reveló que una de las principales fuentes de financiación en las campañas electorales es representada por las contribuciones que provienen tanto del patrimonio personal de los candidatos como de sus familiares.
La segunda fuente de ingresos son las contribuciones, donaciones y créditos realizados por personas naturales o jurídicas.
“Entre estos aportantes se encuentra como el mayor monto registrado, el crédito por 300 millones de pesos por parte del partido Centro Democrático para la campaña de la candidata a la Gobernación de Cundinamarca, Nancy Patricia Gutiérrez”, se indica en el documento.
Uno de los principales generadores de gastos en las campañas es la inversión en propaganda electoral, le siguen los gastos de administración que corresponden al 14,98% del total de gastos reportados, siendo el segundo concepto en el que más se invirtieron los recursos de campañas.
La Misión de Observación Electoral, MOE, también publicó un reporte que indica que de las 1.830 candidaturas que se postulan para las alcaldías, ninguna de ellas está disponible para consulta debido a que no se encuentran registradas en el sistema de Cuentas Claras.
En cuanto a las 246 candidaturas para la gobernación, únicamente 11 de ellas han presentado informes sobre sus gastos e ingresos. Sorprendentemente, de las 64 candidaturas que sí están registradas en el sistema, no han proporcionado ninguna información financiera, mientras que las 171 restantes ni siquiera figuran en Cuentas Claras.
Riesgo extremo en las elecciones de octubre
La Defensoría del Pueblo de Colombia ha emitido una alerta preocupante sobre la seguridad en las próximas elecciones, en el que se elegirán alcaldes y gobernadores, diputados y concejales.
Según el informe, un total de 113 municipios en el país se encuentran en un riesgo “extremo” de sufrir hechos de violencia durante las elecciones, con alta probabilidad de acciones por parte de grupos al margen de la ley.
286 municipios enfrentarían un “riesgo alto” de violencia por parte de grupos armados ilegales en el contexto de la contienda electoral. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, también identificó nueve zonas de alto riesgo en 16 de los 32 departamentos del país, subrayando la preocupación por la seguridad en las elecciones locales.
El informe destacó que 184 municipios muestran “indicios de presencia de actores armados en el territorio que han anunciado ataques y desarrollan acciones ilegales”. Por otro lado, 93 municipios presentan un “riesgo bajo” de violencia, aunque aún indican la presencia de actores armados en sus regiones.
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