Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Colombia, entre 1971 y 2023 fueron asesinados 3.323 sindicalistas, 449 sufrieron atentados contra su vida, 254 trabajadores sindicalizados fueron víctimas de desaparición forzada, 7.884 amenazados de muerte, 1.987 trabajadores y dirigentes fueron desplazados. Esto fue revelado el 14 de septiembre durante el evento de Reparar los sueños de libertad, con el que se inició el proceso de reparación al movimiento sindical como víctimas del conflicto armado.
A raíz de estas cifras, el presidente Gustavo Petro hizo la siguiente publicación en X (antes Twitter): “Mataron miles de sindicalistas solo para aumentar las ganancias”.
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Durante el evento del 14 de septiembre, el presidente también reparó en que “en Colombia no se ha permitido la organización obrera, no se ha permitido la organización de quien trabaja. Han asesinado a la organización, lo que han querido es la barbarie”.
Sobre el asesinato de trabajadores, el presidente dijo: “Los números están aquí. Los han repetido varias de las personas que han pasado por este atril. Sí, son 3.295 sindicalistas, hombres y mujeres, asesinadas. Es como las viejas masacres de obreros a principios del siglo XX, no hay mucha diferencia”.
También comparó el asesinato de sindicalistas con los asesinatos en Argentina durante la dictadura de Videla y dijo que en Colombia los presidentes, si bien no ordenaban las muertes del movimiento sindicalista, sí miraban a otro lado y permitían que estos ocurrieran:
“No puedo decir que Videla mató más que Colombia: mató menos. Allá les llamaban dictadores; en Colombia, presidentes, pero mataban más. Me van a decir que los presidentes no eran los que mataban. Bueno: se silenciaban y permitían que los dueños de la codicia mataran los obreros y obreras. Por omisión, permitían el asesinato”
Además, advirtió: “Sin sindicalismo no hay democracia. Si el pueblo trabajador no puede discutir las cosas públicas y de la empresa, no hay democracia”.
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, advirtió que el Gobierno nacional reconoció a los trabajadores sindicalizados como víctima del conflicto y lo incluyó “en el Registro Único de Víctimas y ahora en la promoción de su dignificación, el restablecimiento de sus derechos y los aportes en la reconciliación y la construcción de la paz total”.
Martha Rocío Alfonso Bernal, ejecutiva de Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, exigió “desclasificar los archivos internos. Exigimos justicia y reparación. No es justo que nos acallen, que nos persigan, simplemente porque luchamos por un país más justo”.
La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón, advirtió que la violencia contra el movimiento sindical fue un fenómeno “sostenido, selectivo y sistemático”. También dijo que señaló que: “Más allá de la indemnización, buscamos que se logre la dignificación y el reconocimiento de las víctimas como sujetos políticos, con ese poder transformador para cambiar su realidad”.
Una de las víctimas de la violencia contra el movimiento sindical, Candelaria Nuris Vergara, esposa de un sindicalista desaparecido el 13 de mayo de 1993, dijo, según la citan en El Espectador, que la persecución a los sindicatos fue desde las Fuerzas Militares y los grupos armados ilegales y pidió al Estado que cumpla con la búsqueda de los desaparecidos: “Estamos aquí para seguirle exigiendo al Estado que cumpla con sus obligaciones de buscar a los desaparecidos forzadamente, que la Fiscalía realmente investigue a quienes ordenaron acabar con el movimiento sindical en Colombia”.